Que los inmigrantes se vayan a Ruanda

No es algo que solo suceda en nuestro entorno. Mi experiencia como inmigrante durante dos décadas en China me ha demostrado que la comunidad expatriada vive allí una realidad similar. La interacción con la comunidad local se circunscribe casi exclusivamente al ámbito laboral, porque el idioma separa a muchos y existe un abismo en los hábitos de ocio y socialización. Claro que la gran diferencia con las comunidades migrantes en Europa reside en que los extranjeros en China son, en su mayoría, privilegiados en lo económico y, por lo tanto, respetados dentro de la sociedad china.

La esperanza está en que la situación cambie con la generación uno -los nacidos en Europa de padres extranjeros-. En nuestro país ya forman un nutrido grupo y parece que hay razones para el optimismo, aunque perduran en las personas racializadas problemas que esta comunidad verbaliza cada vez más. Desafortunadamente, países con larga tradición en la multiculturalidad, como Francia o Estados Unidos, reflejan que la integración es un proceso muy largo y complicado, y que cualquier traspiés puede provocar un estallido.

Está sucediendo tanto en esos dos países como en Suecia, y en menor medida también en otros lugares. Es un hecho que provoca dudas lógicas: ¿Es migrar un derecho? ¿Puede (y quiere) Europa integrar al creciente número de migrantes? ¿Lo está haciendo correctamente? ¿Esconden las peticiones de asilo migraciones por motivos económicos? Son cuestiones que generan un agitado debate en el que Reino Unido irrumpe con una nueva vía: enviar a los refugiados a Ruanda.

Por eso, hoy retomamos el asunto de la migración para abordarlo desde tres perspectivas diferentes.

Según Naciones Unidas, en el mundo hay 281 millones de personas viviendo en un país diferente al de nacimiento. Es un 3,6% de la población total. Lideran el ranking Estados Unidos -con 50,6 millones- y Alemania -15,7 millones-, aunque el asunto cambia si se calcula el porcentaje de migrantes en el total de la población. En ese caso son los países del Golfo Pérsico quienes aparecen al inicio de la lista, con un tercio de población migrante en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

En la Unión Europea residen 23,8 millones de ciudadanos nacidos fuera del bloque. Un 5,3% del total. No obstante, tres cuartas partes viven en solo cuatro de los 27 países: Alemania, España, Francia e Italia. Si tenemos en cuenta a la población nacionalizada que nació fuera de la UE, las cifras cambian: 38 millones, un 8,5%. Lógicamente, estas estadísticas no incluyen a los hijos de estos migrantes, que ya son europeos nacidos en territorio de la Unión.

La Comisión Europea calculó que, sin inmigración, la población europea habría descendido en medio millón de personas solo en 2019, y la Organización Internacional para las Migraciones subraya que la gran mayoría de los movimientos migratorios son legales y critica que la prensa se centre en sus aspectos más negativos. No obstante, después del gigantesco pico que marcaron 2015 y 2016, reconoce que las entradas de migración irregular van en aumento: en 2021 se registraron 150.000, 190.000 en 2022, y 270.000 el año pasado. ¿Llegan a un territorio ya saturado?

El Reino Unido está convencido de que sí. Es quinto en el ranking mundial por números absolutos, con 9,3 millones de inmigrantes en 2020, y la semana pasada logró aprobar, tras el veto del Tribunal Supremo el año pasado, la norma por la que los solicitantes de asilo en el país -no todos los inmigrantes- serán enviados a Ruanda si entran ilegalmente en su territorio a través de un país seguro. Por ejemplo, Francia. No en vano, la llegada de quienes cruzan el Canal de la Mancha alcanzó un récord de casi 50.000 en 2022.

Londres argumenta que, en muchos casos, la solicitud de asilo es una treta para quedarse en el país, y que la mayoría son en realidad migrantes económicos. También que, si quienes piden refugio lo que buscan es un lugar seguro y no residir en Reino Unido, en Ruanda se garantizará su seguridad. Es algo que acordaron Londres y Kigali en un tratado por el cual el país africano ya ha recibido 240 millones de libras. Si todo va sobre ruedas, el pago final será de 370 millones en cinco años, a lo que habrá que sumar 20.000 libras por cada persona remitida. Es, de facto, la subcontratación de la acogida de refugiados. Sus solicitudes se procesarán en el país africano y, en caso de ser aceptadas, permitirán residir en Ruanda, pero nunca en el Reino Unido.

El gobierno de Rishi Sunak ha detallado que el sistema de asilo británico cuesta casi 4.000 millones de libras anuales, a lo que hay que sumar otros 8 millones diarios en hoteles para ellos. De momento, se calcula que unos 52.000 solicitantes de asilo podrían ser enviados a Ruanda en los aviones que comenzarán a despegar dentro de un par de meses. Pero aún no está claro qué saldrá más económico.

En 2021, Europa acogía a menos del 10% de todos los refugiados del mundo, un porcentaje que se disparó hasta superar el 20% tras la invasión rusa de Ucrania. Aun así, solo Alemania -con un 2,8% del total de su población- entra en el grupo de los cinco países con más población refugiada, que lideran Turquía -con un 4,5% -, Irán -4%- y Uganda -3,5%-. Por otro lado, también es cierto que muchas de las órdenes de expulsión que se decretan en países como España no se terminan de ejecutar. El año pasado fueron solo 2.760, en torno al 5% de todas las órdenes de expulsión dictadas por los tribunales.

Aunque el caso de Irlanda ha llamado mucho menos la atención que el de Reino Unido, no es menos dramático. El país se ha quedado sin capacidad para alojar a los solicitantes de asilo que esperan una respuesta y hay más de 1.500 viviendo en las calles de diferentes ciudades, sobre todo en Dublín. El ministro para la Integración, Roderic O'Gorman, ha calificado la situación de 'crisis humanitaria' y advierte de que se están multiplicando los casos de xenofobia que acaban en ataques directos contra migrantes y centros de acogida.

La solución temporal pasa por levantar alojamientos modulares en terrenos públicos, así como en espacios privados adquiridos o alquilados por el Gobierno, que quiere evitar los hoteles a toda costa. El objetivo es que en 2028 haya 14.000 camas disponibles, cuatro veces el número previamente contemplado. No obstante, si las llegadas continúan al ritmo actual, el sistema podría estar permanentemente desbordado.

Por eso, para Irlanda ha sido «muy problemático» firmar el pacto de inmigración europeo. De hecho, es el único país, junto con Dinamarca, que puede elegir los puntos que va a cumplir. Y ya ha avanzado que sí adoptará la regulación que permitirá la detención de algunos solicitantes de asilo en lugares fronterizos durante un máximo de 12 semanas, lo cual ha provocado las críticas de diferentes grupos activistas.

Mucho más agresivos han sido siempre Hungría y Polonia, que se han opuesto radicalmente al pacto por el que los migrantes que lleguen a la UE serán distribuidos por todos sus estados miembros. Sin duda, la inmigración será uno de los pilares en las campañas electorales de las próximas elecciones europeas de junio y una de las bazas con más tracción de los partidos de derechas.

En 2005, la convivencia pacífica saltó por los aires en Dinamarca. El diario Jyllands-Posten publicó una docena de viñetas de Mahoma, y las manifestaciones se extendieron por todo el mundo, en una rabia musulmana que dejó unos 250 muertos. La situación se acabó encarrilando, pero la vida en Dinamarca no ha vuelto a ser la misma. Y la tensión continúa. Buena muestra de ello fue la respuesta a la petición en varias escuelas de que no se sirviese carne de cerdo para no soliviantar a los alumnos musulmanes: en 2016, la ciudad de Randers obligó a que en todos los menús públicos se sirva carne de cerdo, que considera parte esencial de la cultura danesa.

Dos años después, el Parlamento siguió los pasos de Francia y prohibió el niqab que cubre el rostro de las mujeres musulmanas. Se aprobó con 75 votos a favor y 30 en contra, muestra de que cada vez más partidos, incluso los de izquierdas, endurecen su postura frente a los inmigrantes que profesan el islam, y a los que muchos critican por tratar de imponer sus costumbres.

El debate, sin duda, es peliagudo y amenaza con estigmatizar a todo el colectivo. No en vano, el país llegó a identificar 29 guetos (así los llamó) a zonas con elevada población migrante. «Muchas veces se pone el énfasis en los sentimientos de los musulmanes que viven en Dinamarca, cuando habría que ponerlo en los sentimientos de los daneses», critica un parlamentario de una formación conservadora en una entrevista con una televisión australiana. Y es un argumento válido. He trabajado en diferentes países musulmanes moderados, como Malasia, Indonesia o Bangladés, y en algunos más radicales, como Pakistán o Arabia Saudí. En todos, resulta impensable comer carne de cerdo. En muchos no se puede beber alcohol. Jamás una mujer -independientemente de su religión- visitará a una mezquita sin cubrirse la cabeza. No he visto nunca que fieles de otras religiones minoritarias se hayan quejado por esto.

¿No se debería reclamar el mismo tacto cuando los musulmanes viajan a países seculares? ¿Son la democracia y las libertades una debilidad frente a quienes tratan de imponer valores contrarios a ellas? Hasta ahora, estas eran preguntas que se planteaban desde la zona derecha del espectro político, pero cada vez se formulan más en todo el arco parlamentario.

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