La Fiscalía advierte que «no tolerará intimidaciones» en el 'caso Trump'

Aunque no hay certeza absoluta sobre sobre el momento en que se producirá el arresto, o lo que realmente sucederá en el tribunal, el llamamiento de Donald Trump a sus seguidores a protestar contra cualquier acción en su contra ha desencandenado una frenética ráfaga de declaraciones y titulares por parte de sus aliados políticos.

Mientras decenas de líderes republicanos se apresuraban a defender a su candidato presidencial, otros sectores críticos y diferentes organizaciones civiles condenaron como «imprudente» el llamamiento del expresidente, que calificaron de incitación a los disturbios, y señalaron que «nadie está por encima de la ley». A muchos, el tono del magnate les recordó a sus mensajes previos a la insurrección de sus partidarios extremistas en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Ya en sábado por la tarde (madrugada de ayer en España), cientos de seguidores trumpistas se congregaron delante de su casa y del club de campo de Mar-a-Lago, en Florida, para mostrarle su apoyo.

A última hora, Trump fue visto abordando un avión privado en Palm Beach de camino a Tulsa, en Oklahoma, para asistir a un torneo universitario de lucha libre. El líder republicano parece aprovechar sus últimas horas libre de cargos antes de que la Fiscalía le procese por los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels para que no hiciera declaraciones sobre su relación secreta en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016.

Entre las voces republicanas en defensa del magnate figuran las de algunos de sus posibles rivales para la nominación republicana de cara a las elecciones de 2024. El exvicepresidente Mike Pence, cuya vida Trump puso en peligro durante los disturbios del 6 de enero de 2021, señaló que «la idea de imputar a un expresidente» le preocupa profundamente, «como les preocupa a millones de estadounidenses».

Con todo, Pence, que en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra su antiguo jefe, agregó que «nadie está por encima de la ley» y que Trump es capaz de «cuidarse solo». Al ser preguntado sobre si el magnate debería retirarse de la contienda presidencial si es imputado, Pence se limitó a precisar que Estados Unidos es «un país libre. Cada uno toma sus propias decisiones»

La reacción de Pence subraya el riesgo político al que se enfrentan los candidatos republicanos en su evaluación de la posible detención de Trump, ya que éste goza aún de una enorme popularidad entre las bases. También los tribunales del Bajo Manhattan parecen percatarse del riesgo. El fiscal Bragg ha hecho circular un correo electrónico en su oficina donde explica, sin mencionar al líder conservador, que seguirá aplicando la ley de forma «uniforme y justa».

«No toleramos ningún intento de intimidación en nuestras oficinas o de amenazas al Estado de Derecho en Nueva York. Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley (la Policía) se asegurarán de investigar a fondo cualquier amenaza específica o creíble contra este departamento y de implementar la seguridad adecuadas para garantizar a sus 1.600 ocupantes un entorno de trabajo seguro», señala el comunicado.

En su primera aparición pública desde el anuncio de su arresto en su red social, Trump recibió una ovación en pie en Tulsa, donde levantó el puño desafiante ante el vitoreo de sus seguidores. El expresidente no mencionó la posible acusación penal en su contra y ni siquiera aludió al arresto que él mismo llevaba anunciando desde horas antes. Se limitó a aparecer con el senador Markwayne Mullin y departir con los luchadores del torneo y sus simpatizantes.

Mullin sí quiso efectuar declaraciones y recomendó al fiscal «concentrarse en poner a los malos en la cárcel» y no al líder republicano, del que «llevan detrás desde el día uno». Entre los colegas de partido que han salido en su defensa figura el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que considera la posible acusación «un abuso de poder escandaloso» y ha anunciado su intención de ordenar una investigación en la Cámara para detectar la posible utilización de fondos federales en casos judiciales «de motivación» política.