Los familiares de las víctimas del avión malasio derribado hace cinco años en Ucrania exigien justicia

A bordo de aquel Boeing 777 viajaban 298 personas, 80 niños entre ellos, y todos perdieron la vida al después de que el aparato fuera alcanzado por un misil disparado desde una lanzadera autopropulsada «Buk» emplazada en una zona del este de Ucrania controlada por los rebeldes separatistas prorrusos.

En mayo del año pasado, el JIT, constituido por especialistas de Australia, Bélgica, Holanda, Malasia y Ucrania, concluyó que el sistema antiaéreo «Buk» que echó abajo el avión malasio pertenecía a la Brigada Antiaérea rusa número 53 desplegada en Kursk, región del oeste de Rusia fronteriza con Ucrania. El aparato realizaba el vuelo MH17 entre Ámsterdam y Kuala Lumpur y parece que fue confundido con un avión de transporte militar ucraniano AN-24.

Hace un año también, el fiscal holandés, Fred Westerbeke, anunció que se había logrado «identificar a 100 personas involucradas en los hechos». El mes pasado, Westerbeke acusó formalmente de organizar todo el operativo que condujo al derribo de la aeronave malasia a cuatro personas, tres rusos y un ucraniano vinculados a las Fuerzas Armadas rusas o a los servicios secretos.

Se trata de los rusos Ígor Guirkin, más conocido con el apodo de Strelkov, que entonces era «ministro de defensa» de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DNR según sus siglas en ruso), Serguéi Dubinski, jefe de la inteligencia de los rebeldes de Donetsk, su mano derecha, Oleg Pulátov, y el comandante de una de las unidades separatistas, el ucraniano Leonid Jarchenko.

Pero en el Kremlin rechazan las acusaciones y dicen desconfiar de las conclusiones y el trabajo efectuado en Holanda por la Justicia y los expertos del JIT. El presidente Vladímir Putin lo ha reiterado numerosas veces e insiste en que «no hay pruebas que impliquen a Rusia» y en que no reconocerá la legitimidad a las investigaciones «mientras Rusia no participe en ellas».

Este miércoles la prensa rusa aparece plagada de comentarios de legisladores, el senador Konstantín Kosachov entre ellos, o politólogos, como Serguéi Márkov, insistiendo en que Rusia nada tiene que ver con aquella catástrofe. Márkov insiste en que el avión fue derribado por orden de las autoridades de Ucrania.

En este controvertido contexto, una veintena de familiares de las víctimas del gravísimo incidente han enviado una carta, publicada por el bisemanario ruso «Nóvaya Gazeta», a las autoridades rusas exigiendo justicia y rogando que Rusia asuma sus responsabilidades. Piden una mayor colaboración de Moscú con los investigadores holandeses, el reconocimiento de la implicación de fuerzas rusas en el derribo y «dejar de sembrar mentiras» a través de los medios de comunicación. Desde los países de Occidente se ha instado a Rusia repetidamente a reconocer su culpa en lo sucedido.