La violencia se enquista en Francia

«Hay que romper todo para que nos escuchen» o «la violencia es la única forma de que se nos escuche», se oye decir con frecuencia en las más variopintas protestas a algunos franceses que justifican el recurso a la violencia como forma de expresión para que el gobierno atienda a sus reivindicaciones.

Esta justificación de la violencia como medio de hacerse oír también se refleja en las encuestas. En plena protesta contra la controvertida reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, el 35% de los franceses se mostraba de acuerdo con que «a veces es necesario recurrir a acciones violentas para hacer avanzar una causa o sus ideas», según una encuesta realizada a finales de marzo por el instituto Ifop para la cadena de televisión Paris Première. El 65% no estaba de acuerdo con esta afirmación.

Los votantes del partido izquierda La Francia Insumisa, el equivalente de Podemos en Francia, compartían mayoritariamente (60%) la idea del recurso a la violencia para hacer avanzar una causa, durante las protestas contra la reforma de las pensiones. En cambio, sólo el 12% de los votantes de Renacimiento, el partido de Macron, compartían esta idea y el 10% de los simpatizantes de Los Republicanos (derecha moderada), el partido del expresidente Nicolas Sarkozy.

A principios de julio, Ifop volvió a preguntar a los franceses en plena ola de violencias urbanas por la muerte de un joven de 17 años, Nahel, de un tiro de la policía durante un control de tráfico en Nanterre.

La mayoría de franceses (69%) condenaba la violencia (ataques contra comisarías de policía, destrucción de bienes públicos, incendios, etc) que han tenido lugar en los últimos días por toda Francia. En cambio, el 28% decía comprender la violencia, pero no la aprobaba, mientras que el 3% la aplaudía, según un sondeo de Ifop para el diario 'Le Figaro'.

El sociólogo Laurent Mucchielli, investigador de Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), considera que hay varias razones para explicar por qué a menudo en Francia las protestas terminan en violencia.

«La razón más importante es la ausencia de diálogo social. Los sindicatos han perdido mucha fuerza en las últimas décadas. Y el gobierno tiene cada vez más tendencia a decidir solo sin ninguna concertación», señala Mucchielli, que acaba de publicar en Francia el libro 'Defender la democracia. Una sociología comprometida' (ediciones Éoliennes, 2023).

«En segundo lugar, hay que decir inmediatamente que las violencias son recíprocas. Hay también violencias policiales importantes que 'echan leña al fuego', según la expresión popular. De manera general, podemos decir que 'el mantenimiento del orden' (durante las manifestaciones) se ha endurecido mucho en Francia desde hace una década. Comenzó con el presidente Nicolas Sarkozy y se ha acelerado más durante la presidencia de Emmanuel Macron», explica Mucchielli. «La violencia es en realidad el último lenguaje de la protesta, que surge cuando no hay otra forma de hacerse oír», constata este sociólogo.

«Ya se trate de los 'chalecos amarillos' o de los jóvenes de la banlieue, que no tienen gran cosa en común, vemos formarse iras sociales que no entran en ningún proceso político: las iras no se transforman en reivindicaciones ni en proyectos políticos. No sintiéndose representados, los unos y los otros piensan que solo la violencia da sus frutos. La crisis política es todavía más importante que la crisis social», opina el sociólogo François Dubet, profesor emérito de la Universidad de Burdeos y director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS).

Dubet también achaca esa violencia a que «Francia es también un país muy centralizado, en el que pensamos que el Estado es responsable de todo y puede hacer todo, así que la ira 'sube' directamente hacia el Estado, mientras que los actores locales quedan superados». Desde los disturbios de Vaulx-en-Velin, en las afueras de Lyon, en 1979, de vez en cuando, ese malestar social explota en la 'banlieue', esas barriadas conflictivas en las afueras de las grandes ciudades con un alto porcentaje de pobres e inmigrantes y donde muchas veces las bandas de traficantes de drogas imponen su ley.

También lo vimos en 2005. Francia vivió entonces tres semanas de graves disturbios, tras la muerte de dos jóvenes, Zyed Benna y Bouna Traoré, que fallecieron electrocutados en un transformador de alta tensión cuando huían de la policía.

Macron cree que tras los disturbios por la muerte de Nahel «las primeras respuestas son el orden, la calma y la concordia. Después hay que trabajar en las causas profundas».

La multimillonaria política urbana de inversiones en las barriadas populares llevada a cabo por diferentes gobiernos franceses en las últimas décadas no ha bastado para atajar y resolver los problemas de estos barrios problemáticos en la periferia de las grandes ciudades.

Dubet cree que la política en estas barriadas ha sido una política de equipamiento «relativamente ambiciosa: escuelas, centros sociales, transportes… Muchos barrios populares no están deteriorados. Todo el problema radica en que estas políticas no han cambiado la población de los barrios. No hay mezcla. Los barrios siguen acogiendo a los más pobres y a los inmigrantes, el fracaso escolar es elevado, el tráfico (de drogas) se instala como una economía sumergida».

Para Mucchielli, la llamada política de la ciudad es «estructuralmente demasiado débil para poder invertir las lógicas de la precarización y de la formación de guetos». Gracias a la ley Borloo de 2003 de renovación urbana, se ha invertido mucho en los edificios en estos barrios, mientras que el resto del presupuesto ha ido «un poco a la escuela, un poco a la sanidad y poco a la vivienda», pero, según Mucchielli, «sin impacto significativo sobre el nivel de los problemas generados por la precarización».

Mientras Mucchielli cree que «hace mucho tiempo» que el ascensor social está averiado en Francia, Duvet piensa que «funciona todavía un poco. El problema es que aquellos que suben en ese ascensor se van de los barrios y son reemplazados por familias todavía más pobres y aún más extranjeros. A pesar de las políticas de la ciudad, los problemas sociales son cada vez más graves. Los habitantes se sienten cada vez más excluidos y discriminados».

«La crisis francesa no es solamente social, es política. Si se considera que la democracia consiste en transformar las iras y los sentimientos de injusticia en reivindicaciones, el mecanismo se ha roto desde hace muchos años. Lo único que existe es el cara a cara de los problemas sociales y del Estado y de los jóvenes y de la policía», concluye Duvet.

A los franceses los recientes disturbios por la muerte de Nahel les han recordado a los disturbios de las 'banlieues' de 2005, pero existen grandes diferencias entre ellos.

En 2005, los disturbios estuvieron muy localizados en las barriadas conflictivas de las periferias de las grandes ciudades. En 2023, los violentos no solo han provocado destrozos en sus barrios, sino que también ha habido disturbios y saqueos de comercios en el centro de las ciudades y en localidades más pequeñas, generalmente al margen de este tipo de problemas.

Los disturbios de 2023 han sido más intensos. En 2005, 224 policías y gendarmes resultaron heridos en tres semanas, mientras que ahora en seis días ha habido 722 agentes heridos. El despliegue policial ordenado por Macron en todo el país también ha sido mayor: 45.000 fuerzas del orden movilizadas esta semana, frente a 11.700 policías y gendarmes en 2005.

Hace 18 años, en tres semanas hubo 4.728 detenidos. Ahora en seis días, ha habido 3.625 detenidos en Francia, de los que 1.124 son menores, según los últimos datos disponibles del ministerio francés del Interior.

La factura por los daños es ya más elevada que la de 2005, a la espera de conocerse el montante final. France Assureurs, la federación de aseguradoras de Francia, calcula que el coste de los disturbios de 2023 asciende a por lo menos 280 millones de euros, frente los 204 millones de euros de los disturbios de 2005.

Otra gran diferencia ha sido el papel que han tenido las redes sociales, inexistentes en 2005, en estos disturbios. Los alborotadores han difundido en las redes sociales llamamientos a concentrarse en determinados lugares o han quedado con sus amigos. También han grabado vídeos de disturbios, saqueos y enfrentamientos con la policía que han difundido a través de las redes sociales, saltándose los medios de comunicación tradicionales. Los utilizadores de TikTok y Snapchat han competido entre ellos para ver quién lograba el vídeo más viral durante los disturbios o qué barrio era el que provocaba destrozos más espectaculares.