La UE pacta una política migratoria que reforzará sus fronteras y acelerará las deportaciones

El expediente era uno de los más importantes para la Presidencia española del Consejo de la UE, más aún en el contexto actual, cuando el número de llegadas irregulares a la UE ha alcanzado niveles récord. 255.332 migrantes llegaron de forma irregular a Europa en 2023 y 3.378 murieron en el intento, según los datos proporcionados por la Agencia Frontex. Las situaciones dramáticas vividas en Lampedusa, con la llegada de más de 10.000 personas, y la tensión política creada en octubre por el cerrojado de Polonia, Chequia y Austria a sus fronteras por el aumento migratorio a través de Eslovaquia han acelerado las negociaciones del reglamento.

La necesidad de pactar la normativa antes de las elecciones europeas que se celebrarán en julio de 2024 también han favorecido su adopción. Las negociaciones han sido duras y el acuerdo sobre los últimos cinco reglamentos clave del Pacto sobre Migración y Asilo sólo han llegado tras varios días de negociación entre los Veintisiete y el Parlamento Europeo.

La nueva norma, que aún debe ser ratificada por los Estados miembros y el pleno de la Eurocámara, afectará a la gestión migratoria y de asilo por parte de los Estados miembros. Cambiará, entre otros, el control de las llegadas a la UE, la toma de datos biométricos, modificará los procedimientos y plazos para presentar y gestionar solicitudes de asilo y «reforzará» la cooperación entre los países europeos en situación de crisis.

En definitiva, con esta nueva norma la UE busca limitar las llegadas irregulares y acelerar los retornos, al tiempo que pretende facilitar la llegada de quienes tengan derecho a buscar protección internacional en Europa. Para el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, el acuerdo de este miércoles «es un gran paso adelante» en la gestión migratoria. «Del mismo modo, la UE permanece comprometida a luchar contra las causas que originan la migración, trabajando con los países de origen y tránsito y haciendo frente a las mafias», apuntó.

Tras darse a conocer el acuerdo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen destacó –tal y como ha señalado en todos sus discursos sobre esta cuestión– que la migración «es un desafío europeo que requiere soluciones europeas». La nueva ley, «responde a este desafío» y la UE «tendrá la capacidad de decidir quién se queda y quién se va, no las mafias», subrayó.

Europa no quiere volver a ver imágenes como las del campo de refugiados de Moria, situado en la isla griega de Lesbos, por lo que quiere acelerar el proceso de los solicitantes de asilo en frontera. Tal y como explicó la comisaria del Interior, Ylva Johansson, el procedimiento tendrá una duración de doce semanas –en vez de las cuatro actuales–.

En frontera se identificará y analizará cada caso, dando prioridad a las familias con menores y a los menores no acompañados. Se establecerá, además, un 'techo' de capacidad para asegurar que los Estados miembros no se vean desbordados. La protección de las familias y los colectivos vulnerables ha sido una de las demandas más importantes de Alemania, mientras que Italia reclamaba medidas más firmes y mayor claridad sobre las actividades de las ONGen el Mediterráneo.

El pacto también dará a los países europeos la capacidad de «responder rápido» ante una situación de crisis, «cuando enfrenten un gran número de llegadas ilegales a su territorio». Este ha sido uno de los puntos más complicados durante las negociaciones entre los Estados miembros, ya que se creará un mecanismo de gestión de crisis. La herramienta que se activará en caso de llegadas masivas al bloque y el Estado que 'pulse' el botón, podrán pedir medidas de solidaridad con compensaciones económicas, la reubicación de los solicitantes de asilo entre los países europeos y ayuda en la tramitación de peticiones de protección.

Siempre bajo autorización del Consejo Europeo y en base a los principios de «necesidad y proporcionalidad», respetando los derechos de las personas migrantes. De este modo, se pretende aliviar la presión de los países que más llegadas irregulares registran, como Italia, las islas griegas, Chipre y las Islas Canarias, entre otros, y repartir la responsabilidad entre todo el bloque. Se busca acabar también con el bloqueo al desembarco de migrantes rescatados por los buques de salvamento en el Mediterráneo. Y si los Estados miembros no cumplen, «habrá consecuencias», destacó la comisaria Johansson.

Países como Polonia (bajo el Gobierno de extrema derecha de Mateusz Morawiecki), Hungría y Eslovaquia rechazaron este mecanismo que, según el dirigente húngaro Viktor Orbán, «provocará un efecto llamada» y sólo «agudizará el problema de la migración». Alemania también se ha mostrado muy crítica ante este reglamento, pero durante las negociaciones aludió a la responsabilidad colectiva europea.

El eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar, ha señalado la importancia de este mecanismo, que «traslada a una legislación europea directamente vinculante el principio de solidaridad y justo reparto de la responsabilidad de los Estados miembros». Este instrumento «permitirá a la UE alejarse, por fin, de los parches nacionales 'ad hoc' y pasar a establecer un sistema predecible y confiable en situaciones de crisis», afirmó el eurodiputado, ponente del reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor.

El texto acordado incluye, además, la posibilidad de que los Estados miembros expulsen a personas que supongan «una amenaza para la Seguridad Nacional». Las voces defensoras de esta medida aumentaron tras el ataque terrorista del pasado octubre en Bruselas, en el que un ciudadano tunecino que residía de forma irregular en Bélgica mató a dos personas. También ante el temor de que se produjeran más ataques de este tipo tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás.