El trampantojo de Giorgia Meloni con la inmigración

Cuando ha transcurrido ya medio año desde su llegada al poder, Meloni no ha cumplido con ninguna de aquellas ideas para hacer frente a la inmigración ilegal. Todo lo contrario: esta se ha disparado en los últimos meses. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de 2023 han llegado al país tras cruzar el Mediterráneo Central más de 32.000 personas, casi cuatro veces más que en el mismo período de 2022. Además, 518 migrantes han desaparecido o perdido la vida en esta ruta, la más peligrosa del mundo, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El colapso que viven los centros de internamiento para extranjeros en Sicilia y, sobre todo, la necesidad de dar una señal de que el Ejecutivo conservador hace algo frente a las imágenes de continuos desembarcos, llevó esta semana a Meloni a declarar el estado de emergencia migratorio. Durará seis meses, estará vigente en todo el territorio nacional y permitirá al Gobierno saltarse algunos trámites burocráticos, de manera que sea más fácil y rápido abrir por todo el país centros de acogida e identificación, acelerando así la expulsión de aquellos extranjeros que no tengan derecho a asilo.

La medida, no obstante, nace sin apenas fondos, pues sólo contempla una dotación inicial de cinco millones de euros, una cantidad considerada insuficiente por los expertos si realmente se quiere poner en marcha una nueva red de albergues en las distintas regiones donde los migrantes sean controlados para decidir en tiempos breves si pueden quedarse en el país.

«La declaración del estado de emergencia no es más que un gesto propagandístico. Sirve, eso sí, para que los partidos de la coalición que sostiene al Gobierno saquen músculo frente a quienes les votaron. También para facilitar la privatización de los centros de acogida, sin respetar los términos que marca la ley ni garantizar el respeto de las libertades personales», explica Fulvio Vassallo Paleologo, profesor de Derecho al Asilo en la Universidad de Palermo. Que este gesto de Meloni se trataba más de un 'brindis al sol' que de una medida con capacidad para cambiar realmente los flujos migratorios parecían también tenerlo claro los grandes medios italianos. El 'Corriere della Sera', principal diario del país, despachó la noticia en la página 16 de su edición en papel. Tampoco 'La Repubblica' la recogió en su portada, informando de ella en la 6.

Hay sólo un precedente en que un Ejecutivo italiano haya recurrido a declarar el estado de emergencia debido a la llegada de migrantes. Ocurrió en 2011 y entonces era primer ministro Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, uno de los partidos de la actual coalición gubernamental que lidera Meloni. En las otras 127 ocasiones en que un Gobierno de Roma echó mano de esta normativa en los últimos 20 años, siempre estuvo motivado por terremotos, catástrofes meteorológicas o sanitarias, como la pandemia de Covid-19.

Para las ONG que cuentan con naves dedicadas a socorrer a migrantes en el Mediterráneo Central, la declaración del Ejecutivo nace de un error de base a la hora de entender este fenómeno. «La verdadera emergencia no está representada por el aumento en la llegada de inmigrantes a nuestras costas, sino de la falta de un plan nacional de acogida capaz de hacer frente a las necesidades. También de la ausencia de una misión europea de búsqueda y rescate», denunció en un comunicado la organización humanitaria italiana Emergency. En la misma línea se mostró la vasca Salvamento Marítimo Humanitario, que consideró en un mensaje publicado en las redes sociales que esta decisión «no resuelve nada» y sólo contribuye a generar «alarmismo por invasión» y a difundir «mensajes de odio».

Más allá de la declaración del estado de emergencia, los barcos de estas instituciones sin ánimo de lucro lo tienen más difícil para desarrollar sus misiones de búsqueda y rescate en el Canal de Sicilia desde que, en febrero, entró en vigor un polémico decreto impulsado por el Gobierno. Esta normativa prevé hasta 50.000 euros de multa y dos meses de inmovilización de los buques de las ONG, que están obligados a dirigirse a puerto en cuanto realizan un salvamento, lo que impide llevar a cabo más de una operación seguida.

Las trabas a la acción de los barcos humanitarios y la falta de una misión europea de rescate explica que el primer trimestre de este año haya sido el que deja más muertos en el Mediterráneo Central desde 2017, con 441 migrantes fallecidos, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). «La persistencia de la crisis humanitaria es intolerable. Con más de 20.000 decesos en esa ruta desde 2014 temo que estas muertes se hayan normalizado», denunció Antonio Vitorino, director general de esta institución dependiente de Naciones Unidas.