Una sentencia en Belfast complica el plan de deportaciones de Sunak

Comentaristas sobre asuntos constitucionales y políticos opuestos a la ley de Inmigración Ilegal han argumentado repetidamente que las pretensiones del Gobierno de apartarse de la Convención Europea de Derechos Humanos, y de las decisiones del Tribunal de Estrasburgo, chocaban con el acuerdo que favoreció la pacificación de Irlanda del Norte.

El juez Michael Humphreys, del Tribunal Superior de Belfast, ha confirmado esas predicciones y ha decidido que una buena parte de la ley es incompatible con el Marco Windsor, un acuerdo de la Comisión Europea y el Gobierno británico para resolver las quejas de los unionistas probritánicos por el sistema aduanero creado en la provincia tras el Brexit.

El acuerdo estipula que no puede causar disminución de los derechos regulados en el Tratado entre el Reino Unido e Irlanda tras el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Por eso, el magistrado se refiere en su sentencia a la incompatibilidad con el Marco Windsor, firmado en 2023. Humphreys afirma también que elementos de la ley británica de deportaciones son contrarios a la Convención Europea.

Respondía a dos demandas. Una presentada por el Comité de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y la segunda por un adolescente afgano de 16 años, que llegó sin ser acompañado por ningún adulto a la costa inglesa de Kent el pasado año. Fue enviado a Irlanda del Norte en agosto por el Ministerio de Interior, dentro del programa de transferencias internas de inmigrantes.

La decisión judicial ha confirmado los temores de los dirigentes del mayor partido unionista, el DUP. Su líder interino, Gavin Robinson, ha afirmado al diario 'Belfast Telegraph' que, «como unionistas, tenemos claro que nuestro parlamento nacional tiene que ser capaz de decidir asuntos de inmigración en toda la nación». Y se quejó de que el Gobierno no escuchó sus vaticinios de que esto iba a ocurrir.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, insistió en que nada detendrá las deportaciones planeadas para este verano. Afirmó, contra la sentencia, que los compromisos del Acuerdo de Belfast, no deben expandirse a los asuntos de la inmigración ilegal. El Gobierno ha confirmado que presentará un recurso, que quizás obligue al aplazamiento de las primeras deportaciones.

Para el unionista Robinson las consecuencias de la conducta «irracional» del Gobierno «no sólo serían una afrenta constitucional, sino que también tendrían un efecto de imán para solicitantes de asilo en busca de una manera de evitar la deportación». La creciente presencia en Irlanda de inmigrantes procedentes del norte ya está creando también tensiones entre Dublín y Londres.