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El primer ministro británico, Keir Starmer, culminó este jueves en el Palacio del Elíseo una breve gira europea con el objetivo de avanzar en lo que califica como un «reset» (reinicio) de la relación entre el Reino Unido y la UE. El miércoles se entrevistó ... con el canciller alemán, Olaf Scholz, y este jueves mantuvo una reunión con el presidente de la república francesa, Emmanuel Macron.
El encuentro en Berlín era un paso más de los dos dignatarios hacia la firma de un tratado bilateral que se espera para principio de 2025. El objetivo del líder británico es establecer una colaboración más estrecha en cuestiones de defensa y seguridad, reforzar los vínculos económicos y favorecer los intercambios de jóvenes para estudiar o trabajar, y también las giras de grupos artísticos.
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Los tres países han actuado juntos en la esfera internacional este mismo mes, publicando una declaración conjunta sobre la situación en Oriente Medio, en la que sus líderes apoyaban las gestiones para lograr un alto el fuego y la liberación de cautivos en Gaza, y demandaban «a Irán y sus aliados» que no contribuyan a una mayor escalada de violencia.
La cooperación de defensa con Alemania aspira por el momento a la coordinación del abastecimiento de armamento y la interoperatividad. Starmer se entrevistó con el consejero delegado de Rheinmetall, la mayor empresa germana de armamentos, y en París desayunó con el de la multinacional francesa Thales, que tiene un área de producción para defensa de gran dimensión.
La relación bilateral en defensa entre el Reino Unido y Francia es muy estrecha, con una colaboración creciente en la persecución de los botes de inmigrantes. Pero la participación británica en el plan comunitario de la Coordinación Estructural Permanente, Pesco, para facilitar el movimiento de tropas en territorio de la UE, está bloqueada por la falta de acuerdo sobre Gibraltar.
Los planes laboristas para mejorar el Acuerdo de Comercio y Cooperación, que selló la marcha británica de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020, también están limitados. Starmer confirmó en Berlín que su Gobierno no tiene intención de impulsar un regreso al mercado común o la unión aduanera, y que la movilidad de jóvenes no puede equivaler al libre movimiento de personas anterior al Brexit.
Intentos de llegar a acuerdos bilaterales para facilitar la movilidad han sido detenidos en el pasado por la Comisión Europea, que quiere retener la gestión colectiva de los acuerdos con el Reino Unido. Y los últimos indicios sobre la actitud de una Comisión que está en proceso de remodelación no favorecen la exploración de más de colaboraciones.
Una delegación encabezada por Nick Thomas-Symonds, responsable en el Ministerio del Gabinete de la negociación con la UE, expuso en Bruselas las ideas del 'reset' pocos días después de la victoria electoral y recibió como respuesta, informó el 'Financial Times', una lista de ocho demandas para que Londres corrija incumplimientos de acuerdos, como el sistema de controles aduaneros en Irlanda del Norte.
La idea de una modificación del Tratado de Comercio y Cooperación le parece desacertada a Luigi Scazzieri, del Centro para la Reforma Europea. Aconseja un avance escalonado y la firma final de una declaración conjunta sobre defensa y seguridad. Abriría la puerta a una mesa de diálogo estructurado que Londres desea también sobre energía y comercio. Bruselas se habría mostrado reacia.
En abril el Gobierno conservador estableció finalmente controles aduaneros a las importaciones de animales y plantas, que han perjudicado a agentes de aduanas e importadores. Se quejan de la deficiente infraestructura y de los costes. Y quieren lo que los laboristas han prometido, un pacto veterinario que reduzca o elimine la necesidad de controles. Las negociaciones comenzarán al principio de 2025.
El Gobierno británico ha prometido incrementar significativamente las repatriaciones de solicitantes de asilo rechazados y de residentes ilegales. El Ministerio del Interior publicó la semana pasada un contrato, divulgado el jueves por el 'Financial Times', un contrato para encontrar «proveedores de servicios» que apoyen la «reintegración» en su país de origen de las personas expulsadas por no tener derecho a residir en el Reino Unido. El Gabinete del primer ministro laborista, Keir Starmer, prevé destinar a ese sistema 15 millones de libras esterlinas (19,7 millones de dólares) escalonadas en tres años. El plan afectará a once países: Albania, Bangladés, Etiopía, Ghana, India, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Zimbabue y Vietnam. Los «proveedores de servicios» deberán aportarles ayuda alimentaria, ayudarles a localizar a sus familiares y a encontrar trabajo, según indica el contrato.
La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, anunció la semana pasada que el Ejecutivo pretendía alcanzar en los próximos seis meses el mayor nivel desde 2018 de expulsiones de solicitantes de asilo rechazados. Esto supondría, según el 'Times', casi 14.000 expulsiones. Aproximadamente 300 agentes fueron destinados a «examinar miles de expedientes de solicitantes de asilo rechazados y de retornos, incluyendo los forzosos y los voluntarios», según el departamento.
Reducir los niveles de inmigración, tanto legal como ilegal, era una de las prioridades del anterior Gobierno conservador, que estuvo en el poder hasta julio. El Ejecutivo laborista que lo sucedió comparte ese objetivo, aunque reivindica una política más «humana» para alcanzarlo. Desde que llegó al cargo, Starmer abandonó el controvertido proyecto de expulsar a Ruanda a los migrantes llegados ilegalmente (una iniciativa de sus predecesores) y prometió que el Reino Unido atajará la actividad de las «bandas de traficantes» de personas. (Por Ramona Asla)
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