Los resultados de las elecciones del domingo pusieron las cartas sobre la mesa en el tablero europeo y, en base a ellas, los Veintisiete y las familias políticas deberán determinar el reparto de los altos cargos comunitarios. Populares, socialdemócratas y liberales tratarán de revalidar la ... fórmula de la Gran Coalición que ha regido estos últimos cinco años, con la asignación de posiciones en la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara. Por el momento, la conservadora alemana Ursula von der Leyen es la favorita para ocupar la presidencia del Ejecutivo y los socialistas propondrán -según fuentes diplomáticas- al ex primer ministro portugués Antonio Costa para presidir el Consejo Europeo.
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La dirección del Partido Socialista Europeo acordó que el presidente español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, serán los encargados de negociar en nombre de su partido. Tras el acusado desgaste de Scholz en Alemania -donde la ultraderecha fue la segunda fuerza en los comicios europeos-, Sánchez se perfila como la mayor baza de los socialistas en la negociación, algo que también podría beneficiar a la candidata española a comisaria, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Mientras, el polaco Donald Tusk y el dirigente griego Kyriakos Mitsotakis serán los encargados de representar a los populares en esta negociación.
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El candidato socialista, que dejó el Gobierno portugués en noviembre, también tendría el respaldo del actual primer ministro de su país, el centroderechista Luis Montenegro. Y, a pesar de que se han mencionado otros nombres durante estos meses, como el de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, la designación de Costa es la que contaría con un mayor consenso entre los Veintisiete.
Los liberales, por su parte, querrían hacerse con el puesto de Alto Representante para la Política Exterior Europea, que actualmente ocupa Josep Borrell. La aspirante al cargo sería la primera ministra estonia, Kaja Kallas, cuyo nombre ya se ha barajado también para la secretaría general de la OTAN. El nombramiento de Kallas equilibraría el reparto de poder de las instituciones geográficamente.
Ahora el foco está puesto en la reunión informal de líderes que tendrá lugar en Bruselas el 17 de junio, en la que algunos de ellos esperan que no esté presente Von der Leyen para poder «discutir libremente». El debate será intenso, pero debería servir para forjar los consensos necesarios que permitan la distribución de los 'top jobs' (grandes cargos) en la cumbre de finales de mes.
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En la pasada legislatura los populares se hicieron con la presidencia de la Comisión Europea, donde situaron a Von der Leyen, los socialistas tuvieron a David Sassoli en el Parlamento Europeo y los liberales a Charles Michel al frente del Consejo. Los diferentes puestos dentro del colegio de comisarios -donde hay 27, uno de cada Estado miembro- y la creación de diferentes vicepresidencias también servirá para lograr el equilibrio de fuerzas.
Los buenos resultados de los populares en las elecciones y el desgaste de los liberales, que perdieron 23 escaños, se reflejará también en la presencia de esta familia política en las instituciones europeas. Los socialistas, con 135 escaños en la Eurocámara, mantendrán su poder negociador.
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A pesar de que la Gran Coalición se haya visto mermada ante el notable avance de la ultraderecha, a las tres fuerzas aún les salen las cuentas: suman 400 escaños en el Parlamento Europeo (la mayoría son 361). Queda por ver cómo se distribuirán por grupos los partidos que han entrado por primera vez en la Eurocámara, y que tendrán 55 representantes.
El partido de extrema derecha de Austria FPÖ reclamó este martes la posibilidad de nombrar a un comisario europeo de «reemigración» en el próximo organigrama de la UE, tras su victoria en las elecciones europeas en las que cosechó el mayor número de papeletas a nivel nacional.
«Lo que he observado en las últimas semanas es que, por encima de todo, necesitamos una política migratoria razonable, que es necesaria la reemigración», declaró el secretario general del partido, Christian Hafenecker. El FPÖ, que ha estado tres veces en el Ejecutivo con los socialdemócratas y los conservadores, se atribuye el mérito de esta ley que pretende la expulsión masiva de extranjeros y la obligación de cumplir el proceso de culturización para los ciudadanos nacionalizados.
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