Francia aborda una polémica reforma migratoria que endurece las acogidas

«El texto que propone el Gobierno está abierto a la discusión con el Parlamento y el Senado para construir juntos un texto firme, un texto justo y sobre todo un texto eficaz», dijo en el hemiciclo Darmanin, que consideró que «las cuestiones medioambientales y migratorias» son los dos grandes desafíos de nuestro siglo. Siguiendo el principio de «al mismo tiempo», que tanto gusta a los macronistas, la reforma busca controlar las fronteras e integrar mejor a los extranjeros a través de la lengua y el trabajo.

El Ejecutivo también quiere expulsar más fácilmente a los indocumentados que suponen una amenaza grave para el orden público, sancionar más duramente a quienes explotan a los migrantes, reformar el sistema de asilo y simplificar las reglas migratorias. «Lo que les pido es que podamos decir sí o no a alguien, pero rápido», solicitó a los senadores el ministro del Interior, que pretende reducir el número de recursos posibles ante una orden de expulsión.

La reforma, que cuenta con un gran respaldo de los franceses según los sondeos, es criticada por la derecha y la extrema derecha porque la consideran demasiado laxa y por la izquierda y los defensores de los inmigrantes porque creen que es demasiado severa.

Uno de los artículos más polémicos es el tercero, que propone la regularización de los trabajadores sin papeles en los sectores donde falta mano de obra, como en la construcción, la hostelería, la agricultura o la asistencia a domicilio. La derecha, que tiene mayoría en el Senado, exige que este artículo se suprima porque considera que tendría un efecto de llamada para los migrantes clandestinos.

EEl proyecto de ley también pretende facilitar una expulsión rápida de los extranjeros en situación irregular en Francia que hayan sido condenados a penas de prisión de diez años -o cinco si son reincidentes- aunque lleven mucho tiempo residiendo en el país. Se trata de un tema muy sensible en estos momentos, tras el atentado de Arras. Según la legislación vigente, el terrorista islamista que asesinó el pasado 13 de octubre al profesor Dominique Bernard no puede ser expulsado a Rusia, su país de origen, a pesar de su radicalización y a que tendrá una larga condena de prisión. La razón no es otra que su prolongada estancia en Francia porque llegó al territorio galo con su familia antes de cumplir los 13 años.

Los senadores de la derecha también pretenden endurecer las condiciones para la reagrupación familiar, alargando los plazos de solicitud y haciendo obligatoria la asistencia a cursos de francés antes de llegar al Estado. Quieren exigir además un cierto nivel de ingresos y un seguro médico para solicitar el permiso.

Otro tema controvertido es el deseo de la derecha de transformar la ayuda médica del Estado (AME), que permite el acceso a la Sanidad de personas en situación irregular. Médicos Sin Fronteras considera que es una propuesta «indigna desde el punto de vista humano e incoherente desde el punto de vista de la Sanidad pública».

Human Rights Watch (HRW), por su parte, denuncia que con este proyecto de ley el Gobierno francés «amenaza con restringir los derechos de los solicitantes de asilo y de los migrantes». HRW considera que la nueva regulación «debilitará las protecciones» existentes para los extranjeros con orden de expulsión.

Según un sondeo del diario galo 'Le Parisien', casi todos -un 91%- los franceses se muestra a favor de facilitar la expulsión de indocumentados que supongan una amenaza grave para el orden público. Un 78% apoya reducir el número de recursos posibles ante una orden de salida inmediata, mientras que un porcentaje similar es favorable a sustituir la ayuda médica del Estado por una ayuda sólo para emergencias. La mayoría de los ciudadanos -un 70%- aprueba la creación de un permiso de residencia de un año para las personas en situación irregular siempre que trabajen en sectores donde falte mano de obra.