Sarkozy, de nuevo ante la justicia por financiación ilegal

El exmandatario había sido ya condenado en septiembre de 2021 por el tribunal correccional de París a un año de prisión en el llamado 'caso Bygmalion' por haber traspasado el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que en 2012 era de 22,5 millones de euros en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El equipo de campaña de Sarkozy gastó 42,8 millones de euros, casi el doble de lo permitido por la ley electoral gala.

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Sarkozy, que se presentaba entonces a la reelección tras cinco años en el Palacio del Elíseo, encadenó durante la campaña electoral mítines con un gran despliegue de medios técnicos. Para disimular los gastos desorbitados, su equipo de campaña creó presuntamente un sistema de facturas falsas. A pesar de gastar tanto dinero en la campaña, el político conservador fue derrotado por el socialista François Hollande en la segunda vuelta.

Junto a Sarkozy, volverán a ser juzgados en apelación otros doce ex cargos de su partido -la Unión por un Movimiento Popular (UMP), hoy Los Republicanos- y de Bygmalion, la agencia de comunicación que organizó su campaña electoral. A diferencia del resto de los acusados, Sarkozy solo es juzgado por haber superado el techo legal de gastos electorales y no por hacer facturas falsas.

La defensa considera que el expresidente no puede ser juzgado por el 'caso Bygmalion' porque el Consejo Constitucional ya rechazó en 2013 las cuentas de su campaña para la reelección. Este argumento no fue aceptado por el tribunal de primera instancia. Sarkozy, quien fue presidente de Francia entre 2007 y 2012, está retirado de la política activa. Actualmente se encuentra en plena promoción de su último libro, titulado 'Tiempo de combates'.

El político conservador sigue siendo un referente en la derecha francesa, a pesar de sus problemas con la justicia. El presidente, Emmanuel Macron, le invita con frecuencia al Palacio del Elíseo y busca su consejo. A Sarkozy, en cualquier caso, se le acumulan los casos en el juzgado. En mayo fue condenado en apelación a tres años de prisión, uno de obligado cumplimiento, por tráfico de influencias en el 'caso Bismuth', pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A principios de 2025, será juzgado por la presunta financiación libia de su campaña electoral de 2007.