Rusia finge despreocupación ante las órdenes de detención del Tribunal de La Haya

Junto con el jefe del Estado ruso, el TPI dispuso el año pasado el apresamiento también por el mismo motivo de María Lvova-Belova,nombrada por el Kremlin defensora de los Derechos de la Infancia. Una de las evidencias de la implicación de esta mujer en los delitos denunciados por el TPI fue un encuentro televisado con Putin en donde ella admitía haber adoptado a uno de esos niños ucranianos sin esperar a que pudiera haber sido devuelto en algún momento a sus familiares.

Tras la visita a Mongolia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se jactó de la facilidad con la que el presidente ruso esquivó la orden de Tribunal Internacional y aseguró que tal circunstancia «no impedirá la acción diplomática de Rusia» en el mundo, pese a que Putin ha tenido que evitar el año pasado otros viajes a países comprometidos con el TPI, como es el caso de Sudáfrica, a donde no acudió a la cumbre de los BRICS, o India, en donde no participó en la cumbre del G20.

En este mismo empeño por reforzar ante la ciudadanía el relato de que no preocupan en absoluto las decisiones del Tribunal de La Haya, cuya jurisdicción Moscú no reconoce, se enmarca la reciente boda por todo lo alto y con enorme difusión mediática de Lvova-Belova con el oligarca ruso, Konstantín Maloféyev, sancionado por Occidente por su apoyo a la guerra en Ucrania y por instigar e inspirar la anexión de Crimea. «Ha nacido una nueva familia», dijo Maloféyev el pasado martes, dos días después de celebrar las nupcias, a través de su canal de televisión ortodoxo y ultranacionalista Tsargrad.

El enlace tuvo lugar en la selecta localidad cercana a Moscú de Dovil (nombre rusificado de la localidad francesa de Deauville), lugar de residencia de gente adinerada y famosa. Ella acaba de divorciarse del sacerdote ortodoxo Pável Kóguelman, con quien crió diez hijos, cinco de ellos adoptados. Maloféyev, por su parte, dejó plantada hace justo un año a su anterior esposa, Irina Vílter, con quien tuvo tres hijos, para poder casarse con Lvova-Belova.

El pasado jueves, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el fiscal del TPI, Karim Khan, examinaron las posibilidades que existen de sentar en el banquillo a los responsables rusos implicados en»crímenes de guerra». Según Zelenski, «es crucial cumplir con el Estatuto de Roma y garantizar que las decisiones judiciales sobre las órdenes de arresto contra criminales de guerra rusos no sean ignoradas». El Ministerio de Exteriores ucraniano ha impulsado una protesta a nivel diplomático contra Mongolia por no haber implementado la orden de arresto y permitido a Putin entrar y salir del país como si no hubiera habido nada contra él.

«Habrá resultados, aunque no será fácil», subrayó el fiscal del TPI. Karim Khan, quien quitó hierro a lo sucedido en Mongolia asegurando que «no tiene por qué ser motivo de decepción, ya que el cumplimiento de las normas y la cooperación entre los tribunales no siempre funciona de forma ideal». Khan subrayó que «ya ha habido casos de incumplimientos por parte de algunos Estados» y explicó que, cuando se reciben noticias de tales infracciones, se procede a convocar una asamblea general de los Estados miembros para «tomar una decisión».

La Unión Europea ya criticó la actitud de las autoridades de Ulán Bator. «La UE lamenta y toma nota de la visita del presidente de Rusia a Mongolia», señaló en un comunicado . Están también sujetos a órdenes de arresto del Tribunal de La Haya el exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú, y varios militares rusos de alto rango. Asímismo, Zelenski exigió la semana pasada la adopción de medidas contra Brasil, en caso de que el presidente ruso viaje allí a la próxima cumbre del G20 y tampoco sea detenido.