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El Gobierno británico ha anunciado este lunes que un grupo afiliado al Ejecutivo de China accedió a los datos de 40 millones de electores registrados en el censo e hizo también «reconocimiento» de miembros del Parlamento. El viceprimer ministro, Oliver Dowden, ha afirmado que no ... hubo daño a las instituciones aunque la amenaza cibernética del gigante asiático es «real y grave». Dowden está al frente del Ministerio del Gabinete, donde se coordinan las funciones de la Administración, incluidos los servicios de Inteligencia.
La investigación achaca la autoría de las dos acciones al grupo APT 31, que tiene trayectoria como hacker de información que daría ventajas al Ejecutivo de Pekín y a empresas estatales chinas. Los sectores en los que su mano ha sido identificada incluyen a instituciones de Gobierno, organizaciones financieras internacionales, aeronáutica y defensa, tecnología avanzada, construcción, ingeniería, telecomunicaciones, medios de comunicación y aseguradoras. Dowden ha comunicado la aplicación de sanciones contra dos personas y un ente vinculado a APT 31.
El portavoz de la oposición laborista, Pat McFadden, uno de los responsables para la campaña electoral, preguntó a Dowden si David Cameron -antes primer ministro y ahora jefe de Asuntos Exteriores- es la persona adecuada en estas circunstancias. Tras su derribo por el Brexit, uno de sus empleos fue precisamente la presidencia de un fondo de inversión chino-británico. Ian Duncan, efímero líder conservador y persistente 'brexiter', calificó las sanciones como «el parto de un ratón por un elefante». Él es uno de los diputados investigados por los hackers.
Para el primer ministro, Rishi Sunak, Pekín es «la mayor amenaza a nuestra seguridad económica de base estatal». Según la revista 'Computer Weekly', la entrada de los hackers en los servidores de la Comisión Electoral del Reino Unido -encargada de organizar elecciones o referéndums y de investigar las donaciones a los partidos, entre otras funciones- se produjo en agosto de 2021. Los informáticos infiltrados habrían accedido al registro de 40 millones de electores.
Los gestores del sistema de la Comisión Electoral no detectaron nada extraño hasta doce meses después. El Gobierno británico anunció entonces que se había producido un delito cibernético, pero no identificó a los posibles autores. Los hackers no alardearon en las redes de su operación ni intentaron un chantaje, como ha ocurrido en otros casos cuando detrás de la infiltración están individuos o grupos organizados para el delito común.
En 1922, los servicios de seguridad ya señalaron a la abogada Christine Kui Lee como afiliada al Partido Comunista de China. Había conectado con varios diputados y les ayudó con donaciones, que iban desde 6.000 euros al líder del Partido de los Liberales-Demócratas a cerca de medio millón para el izquierdista Barry Gardiner del Partido Laborista, quien informó regularmente a los servicios de Inteligencia.
Hace cinco meses, los jefes de los servicios de Inteligencia de la alianza 'Five Eyes' (Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido) se reunieron en la Universidad de Stanford, en California. El lugar elegido se debía a que querían enviar un mensaje sobre el robo de tecnología por entes de China. En tal comparecencia pública y conjunta de las agencias de espionaje anglosajonas, Ken McCallum, jefe del servicio secreto británico para asuntos interiores, MI5, afirmó que son testigos de «una campaña constante de una escala épica».
McCallum dijo entonces que 20.000 ciudadanos del Reino Unido habían sido contactados por supuestos agentes chinos. Lo iniciaban en LinkedIn, plataforma en la que los miembros se identifican por su carrera profesional. «Si están trabajando hoy en tecnología puntera, la geopolítica está interesada en ustedes aunque ustedes no estén en la geopolítica», advirtió a los asistentes. Su colega australiano, Mike Burgess, añadió que «todos los países espían, pero la conducta de la que hablamos va más allá del espionaje tradicional».
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