La reforma migratoria de Macron, en manos de catorce diputados y senadores

La comisión utilizará como base el documento aprobado en noviembre por el Senado. Se trata de una versión más dura que la inicialmente presentada por el ministro del Interior, Gérarld Darmanin, quien se ha mostrado confiado en que se logré llegar a un acuerdo «de aquí al martes por la noche». Darmanin instó a la oposición a dejarse de politiquería y aprobar de una vez las medidas, que, recordó, tanto desean los franceses.

El ministro considera «indispensables» la regulación incluidas en su proyecto de ley. Sin embargo, el Gobierno está «abierto a la discusión. Cada uno debe dar muestras de responsabilidad para proteger a los franceses», dijo Darmanin en la cadena RTL.

El proyecto de ley presenta «medidas de gran firmeza, sobre todo para expulsar a los extranjeros delincuentes. No hay ninguna razón para no llegar a un acuerdo sobre estas medidas que son esperadas por una gran mayoría de ciudadanos», añadió el funcionario, que aseguró que la aprobación de la reforma permitiría «expulsar a 4.000 extranjeros adicionales cada año» del país.

Para poder sacar adelante su reforma migratoria, el Ejecutivo debería llegar a un acuerdo con Los Republicanos (derecha moderada). «¿Cómo podemos en la misma ley querer regularizar a los clandestinos y, al mismo tiempo, querer facilitar la expulsión de estos mismos indocumentados?. Todo esto no es serio», dijo Éric Ciotti, líder de Los Republicanos, sobre el proyecto de ley presentado por Darmanin. Ciotti advirtió al Gobierno que el único texto que los conservadores aceptarán será el del Senado.

Marine Tondelier, secretaria general de los Ecologistas, pidió a los políticos de la derecha y la extrema derecha que no hagan creer a los franceses que la culpan todos sus males es de los inmigrantes. Tondelier considera que la reforma migratoria presentada por Macron «no va a cambiar la vida de los galos». Es más, la líder ecologista teme que pondrá a los sin papeles «en dificultad grave, en peligro de muerte, que se ahogan en el Mediterráneo, que no podrán curarse».

El Senado había votado a favor de suprimir la ayuda médica del Estado (AME) para los indocumentdos y sustituirla por una asistencia sanitaria de urgencia. En cambio, la comisión de leyes de la Asamblea Nacional se mostró a favor de su mantenimiento.