Un Pulitzer contra Putin

Hace unos días, el periodista, historiador, cineasta y político ruso Vladímir Kara-Murzá, de 42 años, fue galardonado con el Premio Pulitzer por los artículos escritos desde su celda. Cumple una condena de 25 años de prisión en un penal siberiano de régimen severo, la mayor pena dictada hasta ahora contra un opositor en Rusia. Este reconocimiento le consolida como uno de los principales disidentes del país tras la muerte de Alexéi Navalni, el 16 de febrero, en la colonia penitenciaria de Jarp (Ártico).

El diario norteamericano 'The Washington Post' ha publicado este año tres columnas de Kara-Murzá, en las que volvía a pronunciarse en contra de la guerra en Ucrania y llamaba a los países democráticos a no reconocer el resultado de las elecciones en las que, en marzo, Vladímir Putin fue reelegido presidente.

El pasado 6 de mayo, la Universidad de Columbia en Nueva York anunció que había ganado el Pulitzer, el premio más prestigioso de Estados Unidos en periodismo, literatura y teatro. El comité organizador señaló que a Kara-Murzá se le concedía el galardón por las «apasionadas columnas escritas con gran riesgo personal desde la prisión, en las que advertía sobre las consecuencias para la disidencia en la Rusia de Putin e insistía en la necesidad de un futuro democrático para su país».

Su esposa, Evguenia, deploró el hecho de que Kara-Murzá «no pudiera estar presente en la ceremonia y recibir él mismo esta alta distinción». Fue condenado a 25 años de cárcel en régimen severo el 17 de abril de 2023, tras ser reconocido culpable en un juicio a puerta cerrada de tres delitos: «alta traición», el más grave de ellos, además de difusión de «bulos» sobre el Ejército ruso y actividad en una organización declarada «indeseable», como está catalogada la Fundación Rusia Abierta creada por Mijaíl Jodorkovski, el antiguo patrón de la petrolera Yukos, al que Putin mantuvo diez años en la cárcel.

Hasta su arresto, el 11 de abril de 2022, Kara-Murzá era prácticamente el único disidente que fustigaba la política del Kremlin, especialmente en lo relativo a la guerra en Ucrania y la represión, que no había sido asesinado, encarcelado o estaba exiliado, aunque sufrió dos intentos de envenenamiento.

Su detención se produjo inmediatamente después de una entrevista en la CNN, y fue por presunta «resistencia» a la Policía al serle exigidos sus documentos. Pero estando en prisión preventiva quedó claro que el motivo de su confinamiento fue que en sus declaraciones al canal de televisión norteamericano criticó la invasión de Ucrania. Se le acusó, por tanto, de desacreditar al Ejército ruso con «bulos», algo que en el Código Penal del país está castigado con penas de prisión. Esta norma se aplica desde hace más de dos años.

El 22 de abril de 2022 fue declarado «agente extranjero»; el 27 de julio del mismo año, acusado de colaborar con una «organización indeseable», y el 6 de octubre, imputado por alta traición. Días después, el 10 de octubre, ganó el Premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa «por su valor al enfrentarse al poder». La acusación de alta traición, según su abogado, Vadim Prójorov, se basó en las intervenciones públicas del opositor en Lisboa, Helsinki y Washington, donde habló de la persecución que padecen los adversarios políticos de Putin. REN TV, sin especificar fuentes concretas, informó que, según la investigación, Kara-Murzá asesoraba a «servicios de inteligencia extranjeros» por 30.000 dólares al mes.

La persecución inmisericorde contra él fue ya total después de su discurso ante la Cámara de Representantes de Arizona (EE UU), el 15 de marzo de 2022. «Sabemos exactamente por los hechos históricos cómo terminan los dictadores, siempre de la misma manera (…) todo el mundo ve lo que el régimen de Putin está haciendo con Ucrania. Lanza bombas contra viviendas civiles, hospitales y escuelas, son crímenes de guerra», declaró.

Kara-Murzá llegó a la política de mano del también opositor Borís Nemtsov, asesinado frente al Kremlin en 2015, y aportó información al Congreso de EE UU para la adopción de la Ley que lleva el nombre de Serguéi Magnitski, un abogado ruso que murió en prisión por falta de atención médica en 2009 tras desvelar una trama de corrupción en las fuerzas de seguridad de Rusia.

En su última intervención ante el tribunal, Kara-Murzá negó su culpabilidad. «Estoy en la cárcel, no porque sea un delincuente, sino por mis ideas. Por hablar en contra de la guerra en Ucrania. Por mis años de lucha contra la dictadura de Putin. No me arrepiento de nada. Estoy orgulloso».

Ahora está en una prisión siberiana. Padece una enfermedad nerviosa llamada polineuropatía a causa, según su esposa, de los envenenamientos sufridos. Suele ser encerrado en celdas de castigo, muy reducidas y sin catre durante las horas de luz. El entumecimiento en las extremidades inferiores que provoca su enfermedad se agrava en tales condiciones. Sus abogados han alertado del peligro que para su ya quebrada salud implican los calabozos de aislamiento.

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