Los portugueses votan hartos de los políticos y de que el 'milagro' económico no llegue a sus bolsillos

Los sondeos hablan de igualdad entre los conservadores de Luís Montenegro (Alianza Democrática, con el 29%) y el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos (26%), con un fuerte crecimiento de Chega, formación ultraderechista que podría alcanzar el 20% de los votos después de ocho años de gobiernos de izquierda. La eclosión de Chega es un síntoma del desencanto popular; de protesta. Es un partido político creado hace nada, en 2019, por André Ventura, antiguo socialdemócrata que quiso ser presidente del club de fútbol Benfica y que ha encontrado en el radicalismo y el hartazgo el caldo de cultivo ideal para entrar de lleno en la política lusa con un lema, 'Limpiar Portugal', que carga contra los inmigrantes y la casta política.

El caso de corrupción, desvelado el pasado 7 de noviembre, que obligó a dimitir al socialista António Costa, presidente del Gobierno desde 2015, ha incrementado esa sensación de desconfianza ante la clase política. Aunque este escándalo aún está siendo investigado por el Tribunal Supremo, ha hecho tambalearse al PS. Los defensores de la dictadura de Salazar repetían que había que elegir entre ellos y los comunistas. Como si no existiera otra alternativa. Eso lo cambió Mário Soares, padre del socialismo moderno luso. El escritor José Saramago dijo una vez que España y Portugal nacieron como hermanas siamesas pero pegadas por la espalda. Hermanas de sangre, pero sin mirarse a la cara. Pues bien, Soares fue a Portugal lo que otro socialista, Felipe González, fue a España, que también venía de otra larga dictadura, la de Franco.

Los dos países se subieron al progreso de la Unión Europea. Se modernizaron. Portugal inició un despegue hasta que en 2008 cayó en manos de la Troika, la alianza del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Los controladores impusieron recortes para rebajar el déficit público y la deuda antes de conceder una ayuda, un rescate, de 78.000 millones de euros. El Gobierno derechista de Pedro Passos Coelho (2011-2015) tuvo que desregularizar el mercado de la vivienda y fomentar el turismo.

La austeridad ahogaba. El socialista António Costa llegó al gobierno en 2015 y aplicó medidas que sirvieron para recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Revalorizó las pensiones, aumentó el salario mínimo y amplió las prestaciones sociales. Tuvo éxito y, además, logró rebajar el déficit público. La prensa internacional bautizó aquel proceso como 'el milagro portugués'. Costa se convirtió en el modelo a seguir por la izquierda europea.

Ese milagro tenía una cara oculta. La recuperación económica, como recogió en un artículo 'Le Monde Diplomatique', redujo la deuda pública (es menos del 100% de PIB), pero no mejoró significativamente las condiciones de vida de los portugueses. Las inversiones públicas se vinieron abajo. 'Le Monde Diplomatique' pone como ejemplo la proliferación de incendios: se desmantelaron los servicios forestales, se privatizaron los medios aéreos para sofocar fuegos, hubo recortes en política ambiental y se fomentó el cultivo de eucaliptos, que crecen rápido y así abastecen de madera al mercado. Portugal es el país con mayor densidad de esta especie vegetal. El éxodo rural y el abandono de los bosques encendieron el resto de la mecha.

El país no ha salido de esa doble visión entre la macroeconomía y el bolsillo de los contribuyentes. Las finanzas lusas fueron las que más rápido se recuperaron tras el parón por la pandemia de Covid. Y ahora que la guerra de Ucrania ha ralentizado el crecimiento mundial, la economía portuguesa es la que más crece en la Unión Europea. A su favor ha jugado que es la que menos vínculos comerciales tiene con Rusia y Ucrania. El aumento del turismo, de la exportaciones y de la demanda interna tiran del carro con una tasa de desempleo de sólo el 6,5%.

Aunque también eso tiene su matiz. Un informe de la Comisión Europea refleja que ese bajo nivel de paro está relacionado con la salida de decenas de miles de portugueses, bien formados, a otros países en busca de mejores salarios y de viviendas más asequibles. Durante el pasado invierno, cuando ya había caído del Gobierno de Costa por un caso de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias en negocios de energías renovables, las calles del país se llenaron de manifestaciones de profesores, sanitarios y ferroviarios. Sus reivindicaciones salariales chocaban contra la política de control presupuestario. Con sueldos bajos y pisos caros, el pluriempleo se ha convertido en una necesidad. El salario mínimo apenas supera los 800 euros, la mitad que en Francia y Alemania. Para colmo, la inflación, del 4,3% en 2023, vació aún más las cuentas de los ciudadanos. Hartos de su situación y desencantados con los políticos.

En ese escenario ha crecido exponencialmente Chega, formación de extrema derecha creado por André Ventura. Él mismo ha dicho que es un enviado divino para sacar a Portugal de este pozo. Iba para seminarista, pero se enamoró y ha edificado de la nada un partido radical que aboga por la castración química de los violadores, que defendió un confinamiento específico para los gitanos durante la pandemia y que cree que los inmigrantes han llegado para sustituir demográficamente a los lusos.

Portugal es un buen país de acogida. En 2018 había 500.000 extranjeros. Ahora son del doble, el 10% de la población. Los brasileños son mayoritarios y ha crecido mucho el número de indios y nepalíes. «Los necesitamos», dice la Agencia gubernamental para la Integración, la Migración y el Asilo. Portugal tiene una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo. «Faltan trabajadores agrícolas y en nuestros barcos», agrega la AIMA. La legislación nacional facilita la obtención de permisos de residencia y el reagrupamiento de las familias. El racismo no era un problema en Portugal, pero la irrupción de Chega, que no deja de difundir vídeos de agresiones de inmigrantes a ciudadanos lusos, puede cambiar esa percepción. Eso sí, los portugueses votan este domingo mucho más preocupados por sus bajos salarios, por la carestía de las viviendas y por las deficiencias en educación y sanidad.