De país de acogida al control de fronteras contra la inmigración

La medida tiene una envergadura considerable. Los controles serán «flexibles», pero dependerán de las circunstancias de seguridad nacionales que existan en cada momento. En un país donde han proliferado los ataques con cuchillos protagonizados por individuos supuestamenre radicalizados, puede suponer que los filtros se revistan de especial control. Ninguna frontera quedará exenta, de modo que afectará a las divisorias con Francia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos. En principio su duración será de seis meses. Se añaden a los controles ya existentes en las fronteras con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.

En Bruselas se teme que esta medida pueda extenderse a otros países. El líder húngaro, Víktor Orban, ya lo dijo cuando se dirigió a Scholz con un descriptivo «Bienvenido al club».

En realidad, el germano y el húngaro no son los únicos casos. También el Ejecutivo italiano de Georgia Meloni ha activado sus propios planes ajenos a la política comunitaria; entre ellos, el traslado de los solicitantes de asilo a Albania y la realización de inversiones en los países de origen de los flujos migratorios. Países Bajos ha anunciado asimismo medidas extraordinarias para endurecer las acogidas y es muy posible que esta semana solicite ya a la Unión Europa su exclusión del convenio comunitario durante los dos próximos años para poder aplicar sus propios poderes. Sin salir del Viejo Continente, Suecia trabaja en un proyecto para pagar hasta 30.000 euros a los migrantes que se comprometan a regresar a sus países. La compensación, que ahora es de 870 euros, empezará a aplicarse en 2026.

Hace dos años y medio, cuando Vladímir Putin decidió invadir Ucrania, muchos de los residentes en este país miraron a Alemania como vía de escape, una nación tradicionalmente de acogida que ha incrementado su censo con cada crisis internacional. Hoy viven más de un millón de ucranianos en territorio germano. También hay 1,3 millones de personas que dejaron atrás Siria, la mayoría mientras las bombas arrasaban sus hogares. Y casi el triple de ciudadanos con raíces otomanas. Más de una cuarta parte de la población alemana (unos 22 millones) tiene origen extranjero.

Pero la Alemania actual, que en 2023 seguía sin cubrir 570.000 puestos de trabajo pese a la mano de obra extranjera, a menudo con una cualificación inferior a la requerida, tampoco es la misma en cuestión migratoria que años atrás. La prueba es la orden que este lunes pone en vigor el Ministerio del Interior, con la socialdemócrata Nancy Faeser al frente, para establecer controles en todas sus fronteras nacionales, y como consecuencia dejar los acuerdos de Schengen en suspenso, con el fin de combatir la inmigración irregular y aumentar la seguridad interna.

La decisión se tomó apenas semana y media después de la victoria de la ultraderechista AfD en el Estado de Turingia, en el este del país, con su discurso xenófobo y cuando aún no se ha cumplido un mes del apuñalamiento múltiple protagonizado por un refugiado sirio en Solingen, donde acabó con la vida de tres personas.

Desde entonces, el Gobierno de Berlín ha matizado su posición en el debate migratorio hacia un discurso más duro -no tanto como quisiera la oposición, que le pide el rechazo sistemático de extranjeros en las fronteras- y ha adoptado otras medidas en esa línea como acelerar el plan de deportaciones y expulsar a casi una treintena de afganos con un amplio historial delictivo. Las últimas decisiones acercan al Ejecutivo del canciller Olaf Scholz más a las políticas de Hungría o de Italia en materia de inmigración que a otros miembros de la UE.