Las ONG que rescatan inmigrantes denuncian en la UE la persecución de Italia

Médicos Sin Fronteras, Oxfam Italia, SOS Humanity, la Asociación italiana de Estudios Jurídicos sobre Inmigración y Emergency son las cinco organizaciones que pidieron la intervención de Bruselas ante una normativa que, según lamentaron en un comunicado, «plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con la legislación pertinente de la Unión Europea y las obligaciones de sus Estados miembros en virtud del derecho internacional en el mar».

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María Rego

Roma, además, lleva desde diciembre asignando puertos lejanos para desembarcar a las personas rescatadas, lo que limita la presencia de las ONG en la zona de búsqueda y salvamento, aumenta los costes de sus operaciones y alarga innecesariamente el tiempo de viaje de los migrantes. «Asignar lugares seguros a más de 1.000 kilómetros de distancia de un rescate perjudica el bienestar físico y psicológico de los supervivientes», lamentó Josh, capitán del buque de rescate 'Humanity 1', fletado por la ONG SOS Humanity, que no quiso que se citara su apellido.

La presentación de la denuncia ante la Comisión Europea coincidió con la aprobación por parte del Parlamento Europeo de una resolución en la que se exigió tanto a los Veintisiete como a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) que pongan en marcha una nueva misión conjunta para buscar y rescatar a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, de manera que se «salven vidas de manera efectiva» en el mar. La Eurocámara, además, hizo un llamamiento a todos los países miembros de la UE, aunque dirigido de manera particular a Italia, para que faciliten la labor de las naves de las ONG.

En los casi nueve meses en el Gobierno, Giorgia Meloni le ha hecho la vida mucho más difícil a estos barcos humanitarios, aunque no por ello ha conseguido frenar el flujo de inmigración ilegal. De hecho, en lo que llevamos de año son ya más de 73.000 los desembarcos de desplazados y refugiados tras cruzar el Mediterráneo Central, más del doble que la cifra registrada durante el mismo periodo de 2022 (31.000). Con la entrada en vigor del decreto que dificulta la labor de las ONG resultan además cada vez más habituales las inmovilizaciones de naves de estas organizaciones humanitarias. La última en verse afectada ha sido la 'Ocean Viking', fletada por SOS Mediterranee, detenida desde el martes en el puerto de Civitavecchia, donde permanecerá durante un período sin especificar por supuestos problemas técnicos y administrativos.

«Cada día que pasamos fuera de la zona de búsqueda y rescate, ya sea detenidos o navegando hacia un puerto lejano, supone poner vidas en peligro», denunció el director de operaciones de Médicos Sin Fronteras, Djoen Besselink, lamentando que aunque la polémica normativa italiana «apunte» a las ONG, sean los migrantes que cruzan el Mediterráneo quienes «paguen el precio» por ella. Giulia Capitani, asesora de Política Migratoria de Oxfam Italia, exigió por su parte la intervención de la Comisión Europea al ser «la guardiana de los tratados de la UE», por lo que debe garantizar «que los Estados miembro respeten la legislación internacional y de la Unión».