Ofensiva del Gobierno italiano contra las familias homosexuales

A este colectivo le ha tocado movilizarse estas últimas semanas debido a los ataques sufridos por parte del Gobierno de Giorgia Meloni. El Ejecutivo conservador decidió acabar con la manga ancha de algunos Ayuntamientos, que inscribían en el registro a los hijos de las parejas homosexuales nacidos en el extranjero siempre que asumiera la responsabilidad el alcalde de turno, ya que Italia no cuenta con una ley que regule estos casos. Sin anunciarlo de manera pública, el Ministerio del Interior envió una circular a los municipios en la que les exigía que interrumpieran esos empadronamientos. Esta situación que salió a la luz al ser denunciada por el alcalde de Milán, el izquierdista Beppe Sala, que consideró lo sucedido un «claro paso atrás» para los derechos civiles. La decisión gubernamental propició la convocatoria el pasado fin de semana de una manifestación de protesta por la calles de la capital lombarda.

Al tiempo que se enzarzaba con los alcaldes progresistas por el registro de los hijos de parejas homosexuales nacidos en el extranjero, la coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo hacía valer su posición de mayoría en el Senado. En una votación celebrada la semana pasada, la Cámara alta rechazó el Certificado Europeo de Paternidad, un documento propuesto por la Comisión Europea para que todas las naciones que forman parte de la UE reconozcan de manera automática la paternidad establecida y legal en otro Estado miembro, entre ellas las de las familias homosexuales. «Vivimos en un agujero, en el que se cree que los miembros de la comunidad LGTB, aunque pagan impuestos como los demás, tienen que vivir sin derechos para siempre. Italia está al nivel de Hungría y Polonia en esta materia. Somos un caso único en Europa occidental, más allá de otros ejemplos de países como San Marino o el Estado de la Ciudad del Vaticano», lamenta Crocini.

La negación de derechos a las parejas homosexuales por parte del Gobierno de Meloni ha venido acompañada de declaraciones cada vez más duras contra ellos. Se lleva la palma Federico Mollicone, diputado de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, quien aseguró que la maternidad subrogada constituía «un delito más grave que la pederastia». Otros exponentes del Ejecutivo y de la coalición conservadora se mostraron igualmente agresivos contra esta práctica, prohibida en Italia y en la mayor parte de Europa, y que asociaron a los homosexuales. La realidad, no obstante, es que son heterosexuales un 90% de las parejas italianas que recurren a los llamados 'vientres de alquiler'.

Un sondeo publicado este sábado por el diario 'Corriere della Sera' muestra que el 65% de los italianos son contrarios a la maternidad subrogada, aunque el 45% considera que el Estado debería empadronar a esos niños. Sólo el 26% no está de acuerdo en tratarles como a cualquier otro bebé. «No tener en cuenta a los dos padres o a las dos madres tiene muchas consecuencias prácticas. Quien no está considerado un progenitor legal tiene que llevar siempre una autorización para vacunar al crío, acompañarle al hospital o viajar con él al extranjero», señala la presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno. Los problemas se multiplican en caso de divorcio de la pareja o de fallecimiento del único progenitor con reconocimiento legal.

Italia aprobó en 2016 las uniones homosexuales, sin equipararlas eso sí al matrimonio convencional y excluyendo la adopción. El vacío legislativo que existe en este ámbito lleva a que las parejas de gais y lesbianas tengan que desarrollar un engorroso y largo proceso judicial para adoptar a sus propios hijos, ya que la ley sólo permite registrar al padre o la madre biológicos.