Una marea humana rechaza en Francia la reforma de las pensiones y eleva el pulso social con Macron

La sexta jornada de movilización fue la más concurrida desde que el 19 de enero comenzaron las protestas. Según la Policía, 1,3 millones de personas se manifestaron en todo el territorio continental galo. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos, reivindicó la participación de 3,5 millones de trabajadores. El récord precedente se estableció el 31 de enero. Ese día también hubo baile de cifras: el Ministerio del Interior contabilizó 1,2 millones de asistentes, mientras que las centrales reivindicaron 2,8 millones de participantes.

Las 280 convocatorias hicieron que los transportes vivieran una jornada negra y paralizaron el sector energético y la educación nacional, pero en ningún momento llegó a ser una huelga general. La Torre Eiffel, el castillo de Versalles y el museo de Orsay en París cerraron sus puertas a los visitantes, pero la mayoría de los comercios abrieron al público con normalidad.

Los huelguistas bloquearon a primera hora de la mañana la salida de carburantes en todas las refinerías del país y hubo cortes de carreteras en Rennes, Caen y Perpiñán en señal de protesta. También el 47,65% de los trabajadores de la eléctrica EDF hizo huelga, según la dirección de la empresa.

El sindicato SNCF anunció el paro del 80% de los trenes de alta velocidad (TGV) y de otras líneas de largo recorrido. En París, la mayoría de la red de metro solo funcionó en hora punta, con la excepción de las dos líneas automáticas, que vivieron la jornada con normalidad. Entre un 25% y un 50% de las unidades de cercanías RER circularon en la capital, dependiendo de la hora.

En la enseñanza pública, el 32,7% de profesores de Primaria pararon, lo mismo que el 35,8% en la Secundaria, según el Ministerio de Educación. Los sindicatos aseguran que hubo un 60% de maestros huelguistas. Además, el 24,4% de los 2,5 millones funcionarios del Estado secundaron las convocatorias, según cifras oficiales. Esto supone un alza con respecto al 16 de febrero, cuando solo el 5% de los funcionarios secundó los paros.

«No a la jubilación a los 64 años», «La jubilación antes de la artritis», «La jubilación en el Club Med, no en (el cementerio) Père-Lachaise», «Justicia social» y «Retrasan la edad de jubilación, pero avanzan la edad de la muerte», rezaban algunas de las pancartas de la manifestación en París.

En líneas generales la protesta en la capital transcurrió en la calma, aunque se registraron algunos enfrentamientos entre la Policía y los 'black blocs', jóvenes de extrema izquierda anarquista y violentos que suelen ir encapuchados y vestidos de negro para dificultar su identificación. Los radicales tiraron proyectiles y mobiliario urbano a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y cargas. Al cierre de esta edición se habían producido 43 detenciones.

La izquierda y los sindicatos exigen la retirada de la reforma de las pensiones y denuncian su «injusticia social». Macron quiere retrasar la edad mínima de jubilación a los 64 años, frente a los 62 años actuales, pero los franceses se resisten a trabajar dos años más para cobrar las prestaciones. El 68% de los ciudadanos está en contra, según un sondeo reciente de Ifop.

La organizadores de las movilizaciones están convencidos de que si continúan con las protestas en las calles pueden lograr que el Gobierno dé marcha atrás, tal y como ocurrió en 1995 cuando Alain Juppé era primer ministro. El Ejecutivo, sin embargo, se mantiene firme en su deseo de sacar adelante la reforma de las pensiones, una de las promesas electorales de Macron cuando fue reelegido presidente en abril de 2022.

El Senado tiene hasta el domingo a medianoche para examinar el proyecto de ley después de un tenso debate en la Asamblea Nacional, que acabó sin voto por falta de tiempo para examinar el texto por las miles de enmiendas presentadas por La Francia Insumisa. El día 15 está previsto que el texto sea analizado por la comisión mixta parlamentaria y el 16 regresará a la Asamblea Nacional para su votación. A pesar de las protestas masivas, el Gobierno confía en que sea finalmente aprobada, gracias al apoyo de Los Republicanos (derecha moderada), y que entre en vigor en septiembre.