Londres detendrá y expulsará a los 'ilegales' que crucen el canal

La ministra de Interior ha explicado el contenido del proyecto de ley que obliga a deportar a los inmigrantes que llegan por vías no autorizadas lo más rápido posible. Se les detendrá durante veintiocho días, sin derecho a solicitar libertad condicional o a que los tribunales revisen la decisión de las autoridades. El único motivo para evitar la deportación será el riesgo de asesinato o tortura.

Braverman ha dado variedad de cifras para ofrecer el panorama del problema. Desde 2015, el Reino Unido ha acogido a cerca de medio millón de refugiados procedentes de Hong Kong, Ucrania, Afganistán y otros países. Como los ancestros del primer ministro, los padres de la responsable de Interior llegaron al Reino Unido desde las comunidades indias en África. En este momento hay 160.000 solicitantes de asilo esperando la decisión. El sistema cuesta cerca de 3.500 millones de euros al año.

Desde 2018 han llegado en botes 85.000 personas, en su gran mayoría hombres jóvenes. En 2022, fueron 45.000. Muchos son hospedados en hoteles y unos doscientos adolescentes han desaparecido de esos establecimientos, secuestrados quizás por las bandas de traficantes. La ola migratoria desde la costa francesa fue creciendo en la década de los noventa, por la construcción del Eurotúnel. Surgieron diferentes campamentos en torno a Calais. Esas concentraciones crearon problemas de control de polizones a los trenes que recorren el túnel que une las costas de Francia e Inglaterra bajo el canal, y a los transportistas que utilizan esa vía.

Tras la construcción de barreras metálicas para evitar el acceso a los trenes y a las terminales de camiones, en 2016 se desmanteló la llamada Jungla de Calais. Sus cerca de 7.000 habitantes fueron dispersados. Pero surgieron otros focos. Los polizones encontraron otros puertos y ferrys, en las costas francesas o españolas. Y se extendió el negocio del transporte en botes por el canal.

Las investigaciones indican que las redes de traficantes se extienden desde el país de origen hasta el Reino Unido. Era el caso de los 39 vietnamitas fallecidos por congelación en el interior del remolque de un camión, en un puerto al este de Londres, en 2020. En noviembre de 2021, murieron 27 en el hundimiento de una motora neumática, quizás comprada en Alemania por traficantes kurdos.

La laborista Yvette Cooper acusó al Gobierno de gestionar mal un sistema de asilo que identificó desde el pasado abril 18.000 solicitudes inadmisibles, pero deportó a 21 personas. Sunak se ha comprometido a acabar con los casos pendientes antes de final de año y a continuar con la deportaciones a Ruanda, que acepta un máximo de 200 en la primera fase. Quiere aumentar también la cooperación con Francia.

Las primeras líneas del proyecto de ley advierten de que no es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Braverman quiere anular la validez de las suspensiones temporales del Tribunal de Estrasburgo, que bloquearon las primeras deportaciones a Ruanda. El encarcelamiento y deportación de solicitantes de asilo puede chocar también con artículos de la Convención sobre refugiados de la ONU.