Londres cierra el canal a los 'ilegales'

Se espera que la ministra de Interior, Suella Braverman, pormenorice el proyecto de ley en la Cámara de los Comunes. El primer ministro, Rishi Sunak, podría hablar con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre franco-británica que se celebra este viernes como síntoma de la mejoría en las relaciones entre ambos países.

En el inicio de la cuestión de los inmigrantes provenientes de Calais, la Cruz Roja francesa construyó en 1999 un centro de acogida en Sangatte. Pero fue demolido a petición del Gobierno laborista porque el refugio había creado un efecto de atracción para inmigrantes y refugiados que también intentaban cruzar el canal en vehículos transportado en ferrys o por el Eurotúnel.

Se estiman en algo más de 250 millones de euros los fondos adjudicados por el Tesoro británico a las autoridades francesas desde 2014 para reforzar los sistemas de seguridad de las terminales de tren y ferry en Calais o para las patrullas que identifican a los traficantes de personas o detener los botes cerca del litoral de partida. Pero las cifras aumentan. En 2022 llegaron 45.000 'ilegales' a la costa inglesa en pequeños botes.

Es una cifra menor. La inmigración legal neta fue de un millón el pasado año. Más baja también que el número de refugiados que entran en la Unión Europea por la ruta balcánica o en botes que cruzan el Mediterráneo para alcanzar Italia o España. Pero las encuestas dicen que a los electores les irrita el descontrol fronterizo. Sunak ha incluido la eliminación de ese tráfico en su programa de cinco objetivos.

La portavoz de la oposición, Yvette Cooper, afirma que lo adelantado por el Ejecutivo se parece al contenido de la Ley de Fronteras ya introducida el pasado año y que no habría tenido efectos positivos. Cooper, experimentada en la cartera de Interior desde los bancos de la oposición, insiste en que Sunak debería centrarse en detener a los traficantes en vez de en castigar a los refugiados.

Un inmigrante entrevistado este lunes por la televisión Sky afirmaba que tres cuartas partes de los organizadores del tráfico ilegal residen en el Reino Unido. De ser cierto, pone en duda la dirección de la política gubernamental. La ministra Braverman tendrá que aclarar también en qué se diferencia ese nuevo plan del que puso en marcha en 2022 para extraditar a Ruanda a quienes llegan en botes.

Unos 150 millones de libras ha gastado Londres para financiar la acogida del país africano a sus deportados. El Tribunal Superior británico ha considerado que el plan cumple la ley. Pero todavía no ha sido enviado a Ruanda ni un solo inmigrante, porque el procedimiento oficial de documentación de los extraditables no fue realizado correctamente, según los jueces. Quedan por saber los detalles concretos de un plan que, según los medios, habría creado tensión entre Interior y Downing Street.