La ley de inmigración ilegal británica dejará en el limbo a más de 100.000 irregulares

La ley de Inmigración Ilegal, aprobada por la mayoría conservadora en el Parlamento, en 2023, obliga al Ministerio de Interior a rechazar cualquier petición de asilo por alguien que entró irregularmente en el Reino Unido desde el 7 de marzo del pasado año, el día en el que el proyecto de ley fue presentado para su tramitación. Sólo se procesará las solicitudes de asilo de 31,738 personas, anteriores a esa fecha.

Hay 21.644 que llegaron entre el 7 de marzo y el 19 de julio de 2023, cuando la ley recibió el sello del monarca. El Gobierno prohíbe que se les de permiso de estancia en el país y no pueden solicitar refugio. No está claro si pueden ser deportados a su país de origen o a Ruanda. El Parlamento aprobó esta semana la ley para iniciar las deportaciones al país africano.

La norma se basa en un acuerdo de Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico entre Londres y Kigali, que compromete a las dos capitales a aceptar durante cinco años un número no especificado de inmigrantes deportados del Reino Unido y a éste costear los gastos de Ruanda y fomentar las relaciones económicas. La aprobación de la ley convierte en realidad inminente los vuelos entre los dos países.

Las cifras del Refugee Council muestran que el Gobierno de Sunak ha cumplido su promesa de terminar con el 'legado' de una larga lista de espera para la tramitación de solicitantes de refugio. Eran 90.704 casos antes del 28 de junio de 2022 y el 14 de abril, 2.377. Pero las deportaciones a Ruanda, que se estiman que podrían ser de 2.000 en los primeros seis meses y 5.000 en el primer año, no contiene las cifras.

Al final de 2024 habrá 105,309 personas a las que no se admitirá que soliciten refugio, según la estimación de la oenegé. Y su conclusión es que en esas circunstancias es más probable que se asocien con bandas delictivas. Sólo un tercio de los votantes conservadores cree que la ley será eficaz, según un sondeo publicado esta semana.

Natalie Roberts, directora Ejecutiva de Médicos sin Fronteras en el Reino Unido afirma que «el plan del Gobierno es inhumano». «Hemos sido testigos de primera mano de las devastadoras consecuencias médicas y humanitarias de una desastrosa política similar de «deslocalización», aplicada por el Gobierno australiano, donde casi dos tercios de nuestros pacientes expulsados a la isla de Nauru sufrían ideaciones suicidas y autolesiones, incluso entre niños de tan sólo nueve años», describe.