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Oleg Orlov, figura de la defensa de los derechos humanos en Rusia, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por atentar «contra los valores patrióticos» con sus reiteradas denuncias de la ofensiva militar de su país en Ucrania. Cuando el tribunal de Moscú anunció el veredicto, Orlov se giró hacia su esposa, Tatiana, y le recordó su promesa de no llorar. «No me arrepiento de nada», dijo. El fallo se produce apenas unos días después del fallecimiento en prisión del líder opositor Alexéi Navalni.
Orlov, de 70 años, era uno de los últimos críticos del Kremlin que no estaba en prisión o en el exilio. Es uno de los impulsores de Memorial, la ONG que ganó el Nobel de la Paz 2022 y que fue disuelta por la justicia rusa. En su último discurso, Orlov denunció «el estrangulamiento de la libertad» en Rusia y «la invasión de Ucrania». También se refirió a la muerte el 16 de febrero de Navalni en una prisión en el Ártico. «Fue un asesinato», acusó.
En 2023, la Justicia ya le había condenado a una multa de 150.000 rublos (unos 1.500 euros), pero la Fiscalía recomendó la repetición del juicio. En este segundo proceso, el tribunal ha sentenciado a Orlov a permanecer 30 meses entre rejas.
Las autoridades rusas cargaron contra Orlov tras la publicación en 2022 de un artículo en el que advertía de que Rusia se encaminaba hacia el fascismo. El activista defendió su inocencia ante el tribunal con el argumento de que no se puede procesar a nadie por expresar sus opiniones, sean o no críticas con las Fuerzas Armadas o el Gobierno.
Una portavoz de Human Rights Watch (HRW), Tanya Lokshina, considera este caso como «una farsa kafkiana». Por eso, insta a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para lograr la liberación de Orlov y que Rusia rinda cuentas por sus «persistentes y atroces» violaciones de los derechos humanos, «antes de que sea demasiado tarde».
La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Rusia, Mariana Katzarova, denuncia la «politización» de la justicia por parte de las autoridades para silenciar las voces discrepantes, sobre todo desde que comenzó la invasión de Ucrania hace dos años.
Rusia acaba de promulgar una ley que contempla la confiscación de patrimonio por difundir bulos sobre el ejército. En la nueva norma se establece el mismo castigo por hacer llamamientos en actos públicos a la realización de actividades «antiestatales» de carácter «extremista», entre ellas las dirigidas contra la «integridad territorial» de Rusia, o por cometer delitos que atenten contra la «seguridad del Estado», incluidas determinadas críticas a las autoridades.
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