La Justicia de Portugal no ve delito en el caso que llevó a Costa a dimitir como primer ministro

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La 'Operación Influencer' desencadenó la detención de cinco personas y más de cuarenta registros, entre ellos varios en organismos públicos, por supuestos casos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación en proyectos empresariales relacionados con la explotación de litio en Portugal y la construcción de un centro de datos en Sines. La investigación se hizo pública el 7 de noviembre y salpicó a Costa, que gobernaba con mayoría absoluta y renunció ese mismo día aunque, dijo, no había cometido ningún acto ilícito.

Ahora, con los conservadores en el poder tras unas elecciones que ganaron por la mínima, el Tribunal de Apelación lisboeta advierte de que los hechos averiguados «no son, por sí solos, integradores de ningún tipo de delito» y levanta las medidas cautelares –150.000 euros de fianza y la prohibición de salir de país– adoptadas contra los principales sospechosos.

Entre los arrestados figuran Vítor Escária, antiguo jefe de gabinete de Costa, y Diogo Lacerda Machado, empresario y amigo del político socialista. Ninguno de los investigados «superó el desarrollo de sus funciones», mientras que «el único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue la asistencia a un evento» donde se presentó el proyecto de Sines, reconocen los jueces en una resolución de más de 350 páginas que podría allanar el camino del exjefe de Gobierno hacia la presidencia del Consejo Europeo. La Fiscalía anunció este jueves que continuará con la investigación.