La Justicia italiana tumba el plan de Meloni y ordena el regreso de los deportados a Albania

Está previsto que los doce migrantes sean transportados este sábado al puerto de Bari, en el sur del país, por una nave de la Marina Militar para ser luego transferidos a un centro de acogida para extranjeros. Harán así el mismo camino que las otras cuatro personas que formaban parte inicialmente del grupo, pero que fueron llevadas a Italia al descubrirse que se había cometido un error en su identificación: dos eran menores de edad y otros dos se encontraban en situación de vulnerabilidad por haber sido víctimas presuntamente de torturas. No cumplían así con las condiciones del protocolo firmado por Meloni el pasado noviembre con su homólogo albanés, Edi Rama, que prevé que en los polémicos centros solo se interne a los hombres mayores de edad, que no estén en situación de vulnerabilidad y provengan de naciones consideradas seguras.

Los doce migrantes restantes del grupo han sido los primeros inquilinos de estos polémicos centros que han costado 800 millones de euros y cuya discutible utilidad inicial resulta ahora toda una incógnita.

El viaje en una nave militar hasta el puerto albanés de Shengjin desde Lampedusa, donde los desplazados fueron socorridos el pasado domingo, había costado además entre 250.000 y 290.000 euros. A esa cifra habrá que sumar ahora el coste de su traslado hasta Italia.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, miembro de la Liga, el partido de ultraderecha liderado por Matteo Salvini, anunció que se va presentar un recurso contra la decisión de los magistrados, asegurando que el Gobierno está dispuesto a llegar hasta la Corte de la Casación, el Tribunal Supremo de Italia, para defender esta controvertida iniciativa. Antes de que se conociera la decisión que tumba el 'modelo Albania', Piantedosi ya había advertido del riesgo de que se produjera una «resistencia ideológica» por parte de los jueces.

Pese a las amenazas preventivas de Piantedosi y de otros miembros del Gobierno, era esperable que los magistrados acabaran echando por tierra este proyecto, como finalmente hicieron. No han hecho más que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 4 de octubre, promulgada antes de que abrieran los centros italianos en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader, y en la que no se acepta la lista de países de origen 'seguros' con la que Meloni pretendía dotar de un sostén legal a este controvertida iniciativa.

Tras tomar declaración a los doce migrantes por videoconferencia, los jueces confirmaron que no existen garantías de que estas personas no vayan a sufrir persecución, tortura o discriminación una vez que sean repatriadas a Egipto y Bangladesh, como pretende el Ejecutivo una vez que ha sido rechazada su solicitud inicial de asilo. Acogen así los magistrados de Roma la decisión del Tribunal de Luxemburgo que ponía en entredicho la consideración de naciones 'seguras' por parte de las autoridades italianas, una lista en la que el pasado mayo fueron añadidos Egipto, Bangladesh, Sri Lanka y Camerún para ampliar el número de países cuyos nacionales fueran susceptibles de acabar en los centros de Albania. Entre ellas también está Túnez, otro Estado donde se han documentado violaciones de los derechos fundamentales.

La decisión del Tribunal de Roma provocó un «estupor que supera cualquier comentario» en el presidente del Senado, Ignazio La Russa, miembro de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, que consideró en una nota que «algunos magistrados politizados» pretenden «abolir las fronteras de Italia».

La primera ministra arremetió además contra los partidos de la oposición de izquierdas por solicitar a la Comisión Europea la apertura de un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Roma debido al 'modelo Albania'. Para Meloni la decisión de los magistrados supone un descrédito internacional después de que el día anterior los mandatarios de una decena de países europeos se mostraran interesados por esta «solución innovadora», como ella la presentaba, para tratar de frenar la inmigración irregular.

Elly Schlein, líder del izquierdista Partido Democrático, principal fuerza opositora, consideró que había llegado el momento de que el Ejecutivo «desmonte todo, dé marcha atrás y pida perdón a los italianos» por haber puesto en marcha este proyecto. «Ya lo habíamos dicho antes, pero no porque seamos videntes, sino porque leemos las leyes». Trató de calmar los ánimos el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, quien aclaró que los jueces no habían hecho más que «aplicar las normas de nuestro ordenamiento y del ordenamiento europeo, del que somos parte integrante». Éste, como el internacional, no considera países seguros a Bangladesh y Egipto.