La Justicia británica mantiene sin nacionalidad a Shamima Begum

Shamima Begum era, con 15 años, la más joven de las tres adolescentes que se marcharon sigilosamente, en febrero de 2015, de sus domicilios familiares en el barrio de Bethnal Green, en el este de la capital británica, y fueron filmadas por las cámaras de seguridad en el aeropuerto de Gatwick, camino de embarcarse en un vuelo a Estambul. Cruzaron posteriormente la frontera con Siria.

El tribunal presidido por Sue Carr, en su primer juicio tras convertirse en la primera mujer en la historia que desempeña la función de máxima autoridad judicial, ha rechazado por unanimidad las alegaciones de los abogados de Begum señalando que el entonces responsable de Interior, Sajid Javid, no consideró que era víctima de tráfico de personas, en su caso para la explotación sexual.

Al llegar a la zona ocupada por el Estado Islámico (EI) en la guerra de Siria, Begum se casó con un holandés de 23 años convertido a la causa islamista con el que tuvo tres hijos, todos ellos fallecidos. Cuando el EI perdió su guerra y su territorio, Begum fue internada en uno de los campamentos en el nordeste de Siria donde se acoge a los militantes o a las mujeres. Allí reside aún.

Las entrevistas que dio a medios que la localizaron fueron inicialmente favorables al cruel califato de Raqqa, y al mismo tiempo manifestó su deseo de regresar a Londres. Un informe de funcionarios llevó a Javid a despojar a Begum de la nacionalidad británica, a la que tenía en principio derecho hasta los 21 años, por haber nacido en el Reino Unido de padres con origen en Bangladés y residencia legal.

Los argumentos sobre los derechos a los que tendría por el Artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que condena la esclavitud y el trabajo forzado, no han convencido al tribunal, que considera en su sentencia que los abogados de Begum han estirado las obligaciones del Estado según la jurisprudencia establecida sobre ese artículo.

Considera el tribunal que Javid hizo lo suficiente informándose de que «no había ninguna posibilidad de que se le deje entrar en Bangladés», donde tiene teórica nacionalidad. Añade que no estaba obligado a considerar si la dejaba «de hecho en estado de apátrida», como dice la defensa de Begum. La ley británica de nacionalidad no permite que una retirada de nacionalidad cause ese estado.

La sentencia concluye puntualizando que «se puede argumentar que la decisión de privarle de la nacionalidad es severa y también que ella es la causante de su desgracia, pero la única tarea del Tribunal es evaluar si la decisión de quitarle la nacionalidad es ilegal». «No lo fue», concluye. El Gobierno considera que el regreso de Begum crearía un riesgo para la seguridad del país.