Jueces británicos evitan dictar condenas de cárcel ante la escasez de celdas libres

El diario británico asegura que incluso crímenes violentos, como la violación sexual, se saldarán con un castigo cautelar mientras las cárceles continúen abarrotadas. Únicamente quedaban 650 camas disponibles en el sistema penitenciario de Inglaterra y Gales el viernes 6 de octubre, de acuerdo con datos del ministerio de Justicia. El número de plazas ha podido reducirse a un mínimo de 400 esta semana.

La orden general de demora a la hora de dictar sentencia en causas penales habría partido del lord juez Andrew Adis, enlace entre la judicatura y el Gobierno y responsable de una función administrativa equivalente a director de recursos humanos de los magistrados. En una sentencia como juez de apelación, pronunciada el pasado marzo, dejó suspendida una pena de seis meses en prisión impuesta originalmente a un preso que arrojó una taza de agua hirviendo sobre el rostro de un funcionario.

Lord Adis indicó entonces que los jueces debían tener en cuenta el «impacto del nivel de población reclusa» al elaborar las sentencias. El Parlamento británico acababa de aprobar la llamada 'Operación salvaguarda', que permitió al Ejecutivo hacer uso de 400 celdas policiales para encerrar a acusados a la espera de juicio o con condena ya firme.

Lejos de remitir, la crisis de superpoblación se extiende ya por dos tercios de los penales de Inglaterra y Gales -Escocia e Irlanda del Norte gestionan sus instituciones-. 'The Times' sugiere que el Gobierno solicitará en breve el uso de celdas de los juzgados de primera instancia para aliviar la situación en las cárceles.

La exportación de reclusos al extranjero es una opción comercial que podría estar operativa para el año próximo, una vez aprobada la legislación pertinente. En el reciente congreso del Partido Conservador, el ministro de Justicia Alex Clark, aseguró que «alquilar plazas de prisión en otros países asegurará que siempre tengamos espacio para mantener a la población a salvo de los más peligrosos criminales». Estonia se menciona entre los candidatos europeos elegidos por el Reino Unido para cerrar un contrato de arrendamiento carcelario similar a los que ya funcionan entre Holanda, Bélgica y Noruega.