Un joven mata a ocho personas tras discutir con un policía en Belgrado

Aunque el tirador, de 21 años, se dio a la fuga, «tras una extensa búsqueda» fue arrestado, indicaron las autoridades. Sin embargo, antes de su detención el sospechoso asimismo habría disparado de manera indiscriminada mientras huía a través de tres pueblos distintos, a unos cincuenta kilómetros de Belgrado.

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Un escolar mata a tiros a 8 compañeros y un guarda en un colegio de Belgrado

Johana Gil

La matanza fue catalogada por el ministro de Interior, Bratislav Gasic, como «un acto terrorista». Alrededor de seiscientos agentes fueron desplegados en la zona, incluidos miembros de la unidad antiterrorista.

El incidente de este viernes llevó al presidente serbio, Aleksandar Vucic, a anunciar que quedaba suspendida la emisión de nuevas licencias de armas durante dos años. No en vano, sólo un día antes un niño de 13 años había disparado también en el colegio Vladislav Ribnikar, matando a ocho compañeros y un guarda de seguridad que intentó frenar la masacre. El menor planeó el ataque un mes antes y para perpetrarlo cogió dos pistolas que su padre guardaba en la caja fuerte del hogar familiar. El autor no puede ser procesado penalmente porque la ley serbia no lo permite hasta los 14 años. Por ello, su progenitor fue arrestado por poner en riesgo la seguridad pública al dejar las armas «a disposición» de su hijo. Este incidente ha resucitado la polémica sobre los permisos para la tenencia de arsenales privados en el país balcánico.

Después de estas dos tragedias en la capital serbia, que tuvieron lugar en menos de cuarenta y ocho horas, el Gobierno ha prometido que se incautarían armas legales e ilegales durante una vasta operación que conducirá al «desarme casi total de Serbia».

El presidente Vucic aseguró ayer que entre las medidas que se aplicarán para responder a la situación está aumentar los miembros de las fuerzas de seguridad. Además, recalcó que los castigos por tener armas ilegales serán más severos. Incluso sugirió retomar la pena capital, algo que fue rechazado por el Ejecutivo y la primera ministra, Ana Brnabic. «Me informaron de que esto violaría las convenciones europeas», explicó el mandatario.