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La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y dirigentes de una treintena de departamentos franceses gobernados por la izquierda denuncian que la controvertida reforma migratoria del presidente, Emmanuel Macron, avala el principio de «preferencia nacional» en las ayudas sociales, defendido desde hace tiempo por la extrema ... derecha.
«Continuaremos luchando contra el principio de 'preferencia nacional' para la defensa de ayudas sociales que son y deben permanecer universales, pues todos los habitantes de nuestro territorio tienen derecho a la dignidad, vengan de donde vengan», señalaron en un comunicado conjunto los dirigentes de 32 departamentos de izquierdas, que se erigen en defensores de «la solidaridad universal».
La reforma migratoria, cuyo contenido todavía está pendiente de ser revisado por el Consejo Constitucional, prevé un endurecimiento de las condiciones de acceso para los extranjeros no europeos, por ejemplo, para el cobro del subsidio personalizado de autonomía (APA, en sus siglas en francés). Esta ayuda social la reciben las personas mayores de 60 años en situación de dependencia, sean galos o no. La nueva ley suspende la APA si el beneficiario es extranjero extracomunitario en situación regular y no lleva al menos treinta meses en el país si trabaja o cinco años si no trabaja.
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«Somos reacios a que vengan, por ley, a pedirnos hacer la selección» entre los beneficiarios de ayudas sociales, dijo este viernes Hidalgo, durante una visita a un centro de acogida de urgencia en el distrito 18 de París. La alcaldesa socialista, que está dispuesta a hacer de la capital gala «una tierra de resistencia» a la reforma, anunció que los departamentos gobernados por la izquierda pedirán al Consejo Constitucional que «anule las disposiciones (de la reforma migratoria) contrarias a la Carta Magna».
Jean-Luc Gleyze, presidente socialista del consejo departamental de Gironda, advirtió que Francia corre «el riesgo de ver regresar, blanqueadas, las ideas de Vichy (el régimen colaboracionista de los nazis). «Nos encontramos en una situación en la que debemos no solo garantizar los derechos universales, sino antes luchar para protegerlos de peligrosas lógicas electoralistas, financieras y xenófobas», concluyó Gleyze.
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