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PILAR VIDAL
Viernes, 9 de septiembre 2022, 10:58
En febrero del año pasado, la fortuna de Isabel II llegó incluso al parlamento de mano de los conservadores. Aunque siempre había sido una incógnita, no era algo que les molestase a los británicos, era casi motivo de orgullo nacional que los Windsor encabezasen, la ... lista de las fortunas reales europeas.
Lo mismo ocurría con el presupuesto de Buckingham Palace: 101 millones anuales y que aumentó a 108 este año. Pero esto cambió, cuando se supo que la Reina Isabel II se hacía cargo de los 12 millones de libras esterlinas (algo más de 14 millones de euros), para que su hijo favorito, el Príncipe Andrés, pagase el acuerdo extrajudicial, que le libraría del juicio, por los abusos sexuales enmarcados en el Caso Epstein. Entonces sí saltaron las alarmas y los tabloides británicos comenzaron a especular sobre ello, al considerar este gasto como tóxico, y que esperaban no hubiese salido de las arcas públicas.
El escándalo acabó por revelar como la monarca británica había blindado su fortuna a los ojos de todos. Fue el diario británico 'The Guardian', quien publicó unos documentos encontrados en los National Archives (el organismo gubernamental en el que se guardan todos los escritos importantes del país. En ellos se demuestra que Isabel II habría presionado al Gobierno del primer ministro Edward Heath a través de su abogado Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer & Co, para cambiar una ley de transparencia y así poder evitar dar explicaciones sobre la compra personal de acciones.
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Los hechos ocurrieron en 1973, aunque la ley fue finalmente aprobada en 1976 después de que la retomara el laborista Harold Wilson, con quien la reina tenía una excelente relación. Entonces, el gobierno insertó una cláusula en la legislación otorgándose a sí mismo la facultad de eximir a las empresas en las que participarán los jefes de Estado de las nuevas medidas de transparencia y supuestamente se creó una corporación fantasma a través de la cual se ocultaron sus participaciones e inversiones privadas. Se cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna privada de la Reina, cuyo monto exacto se desconoce, hasta al menos el 2011, aunque según fuentes como 'Bloomberg' o 'Forbes' podría rondar los 100 mil millones de euros.
Un acuerdo sellado en 1993 con el gobierno conservador de John Major, le permitió a la reina Isabel II no pagar derechos de sucesión sobre la fortuna recibida por su madre, cuya cantidad tampoco fue revelada, aunque se barajaron cifras en torno a los 50 millones de libras (alrededor de 58 euros).
En el Reino Unido, el derecho de sucesión ronda el 40% para importes superiores a los 350.000 mil euros. Aunque la monarca si paga impuestos desde 1993, está exenta de los de sucesión, con el fin de que la fortuna de la familia real no se vea menguada con el paso del tiempo.
Ni ella dicen, es consciente de la magnitud de sus propiedades. En su condición de jefe de Estado de 32 países de la Commonwealth, la Reina Isabel II es la mayor terrateniente «legal» del planeta con un total de casi 27 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un sexto de la superficie terrestre no cubierta por los mares, apuntó el autor irlandés Kevin Cahill, en su libro Who owns the world (¿Quién posee el mundo?). En países como Canadá, el segundo más grande del mundo sigue reconociendo a Isabel II como soberana y, por tanto, sigue teniendo la propiedad legal de la tierra.
Un portavoz del Crown State, enorme corporación de la Corona británica con una amplísima cartera de propiedades que incluye muchas de las áreas urbanas del Reino Unido, bosques, tierras agrícolas, costas y municipios, explicó al autor que todo lo que gestiona es propiedad en último término de la Reina ya que «el feudo franco» es en sí un «arrendamiento». De ahí ella se embolsa un 25% de los millonarios beneficios generados de todos los terrenos públicos cuyo valor se ha vuelto incalculable desde la instalación de parque eólicos.
Se cree que tal fortuna podría estar oculta en paraísos fiscales, si se tiene en cuenta de los 24 centros financieros 'off-shore', catorce tienen a la Reina como jefe de Estado. Y es que Isabel II no tiene poder para liquidar activos del Estado de la Corona, pero sí para recibir una parte de los beneficios. Crown State también se encarga de cobrar el alquiler de palacios o residencias reales propiedad de la Casa Real británica, en los que viven algunos de sus familiares.
Tanto a sus hijos como a sus nietos, les ha regalado palacios, cuyas reformas, han tenido que costear ellos mismos. Los últimos, Frogmore Cottage, en el castillo de Windsor, regalo de bodas para los duques de Sussex, o la finca Anmer Hall, dentro de los terrenos de Sandringham, en Norfolk, que les regaló a los Cambridge cuando se casaron en 2011. De las 300 piezas que guarda en su joyero personal, dicen ya ha dejado escrito en su testamento quienes serán las benefactoras y que Meghan Markle y su hija, Lilibeth Diana, bisnieta de la Reina Isabel II, están excluidas. Falta por saber a quién lega sus caballos y sus queridos perros corgi, patrimonio cuasi igual de importante.
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