La investigación oficial culpa al Gobierno británico del incendio de la torre Grenfell

La larga investigación pública, que el Ejecutivo conservador de Theresa May impuso a las asociaciones de vecinos, ha creado frustración por su larga duración. Tanto el primer ministro, Keir Starmer, como el líder de la oposición, Rishi Sunak, afirmaron que apoyarán ahora la investigación penal que los vecinos pidieron en las semanas posteriores a la tragedia ocurrida en la noche del 14 de junio de 2017.

Un fuego en el circuito eléctrico de un frigorífico en la cuarta planta de un edificio de veinticuatro pisos se expandió rápidamente por toda la torre, propulsado especialmente por los revestimientos utilizados en la fachada. Residentes en el bloque fueron aconsejados por los bomberos para que permanecieran en sus apartamentos, aunque la investigación pública concluyó que el cuerpo no tenía un plan adecuado para intervenir en incendios de grandes inmuebles. Días después se supo que el Ayuntamiento del Real Burgo de Kensington y Chelsea, uno de lo distritos municipales más ricos del país, había planeado la demolición de la construcción, pero su ente de gestión de sus viviendas sociales optó por una remodelación de bajo coste.

La investigación ha desvelado que los proveedores de revestimientos para la fachada, o de materiales aislantes, hacían sus test pensando más en las ventas que en la seguridad de sus productos. Los implicados en el diseño y construcción de los elementos de la remodelación apartaron voluntariamente a empresas consultoras sobre la seguridad de materiales y optaron por lo más barato. El juez califica como deshonestas a las compañías contratadas, que en sus testimonios pasaron la responsabilidad de lo sucedido de una a otra.

Gobiernos de todos los colores habían sido pasivos ante los incendios que ocurrieron durante treinta años en el Reino Unido, pero el informe achaca especial responsabilidad al Ejecutivo liderado por David Cameron, que promovió la austeridad presupuestaria para responder a la crisis financiera de 2008 y alentó a la eliminación de regulaciones para favorecer el crecimiento de la economía con más construcción.

El ente municipal para la gestión de las viviendas era incompetente, descuidado e indiferente sobre el bienestar de los vecinos. Trataba como personas problemáticas a residentes que les dijeron pocas semanas antes del suceso que los viejos extintores y la ausencia de rociadores de agua, puertas y espacios para salir del edificio en caso de fuego podían causar algún día una catástrofe. Los agentes de un Ayuntamiento tan rico ni siquiera habían respondido el día del desastre a la advertencia, tras la última inspección de los bomberos, de la existencia de diversos riesgos de incendio en la torre.

Starmer prometió en el Parlamento a los vecinos de Grenfell que su tragedia será la inspiración para un cambio radical en la construcción de viviendas, que los laboristas quieren promover como motor del crecimiento. Aseguró también que el impacto del informe sobre lo ocurrido hace siete años provocará «un cambio profundo en la cultura y la conducta en la sociedad». Pero, a pesar de las subvenciones del Gobierno, hay cientos de miles de británicos que viven aún en edificios con materiales combustibles. Familias con temor persistente, sin posibilidad de contratar una póliza de seguro y rechazadas por las inmobiliarias que consideran imposible vender estas casas.

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