El grupo que planificó un golpe de Estado en Alemania escondía armas en 50 casas

La operación sigue abierta y los registros continúan, advirtió un portavoz de la Fiscalía. En la redada desarrollada el miércoles, más de 3.000 policías procedieron a registrar más de 130 casas, viviendas, oficinas, almacenes y garajes de los sospechosos en 11 Estados federados germanos, así como en Austria e Italia. Entre los detenidos se encuentra el presunto líder e ideólogo del grupo, el príncipe Enrique XIII de Reuss zu Köstritz, un noble de 71 años considerado uno de los cabecillas de los 'Reichsbürger', propietario en Turingia de un palacio de caza en el que se celebraron varias reuniones clandestinas y conspirativas.

El grupo, del que forman parte militares y policías de servicio y en la reserva, proyectaba asaltar en una sesión plenaria el Parlamento con dos docenas de personas armadas para detener y tomar prisioneros al mayor número posible de miembros del Gobierno federal y diputados de la Cámara con el fin de acabar con el estado de derecho e instaurar un régimen autocrático encabezado por el príncipe Enrique XIII. El presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, señaló que hasta ahora hay 54 personas implicadas en la conspiración, pero que su cifra podría aumentar.

«Hemos identificado algunas personas más de las que aún no sabemos cuál es su relación con ese grupo», dijo Münch en declaraciones televisivas, en las que subrayó que el Estado alemán no estuvo en ningún momento amenazado y destacó que los integrantes de la organización terrorista eran observados minuciosamente desde hace meses. «No hay que presuponer que un grupo que suma una cifra de dos dígitos, quizás una pequeña de tres, no sea capaz de amenazar el sistema del Estado», advirtió sin embargo el jefe de la BKA, que considera al grupo conspirador detenido sumamente peligroso al defender «convicciones irracionales». Münch reveló que en 50 de los más de 130 inmuebles registrados los agentes encontraron armas, desde ballestas hasta fusiles y municiones. «Eso demuestra que no se trata de algo inocente», subrayó.

Entre tanto, la jueza berlinesa detenida en la operación será «apartada completamente del servicio», según anunció la administración de Justicia de la capital alemana. Birgit Malsack-Winkemann, de 58 años, debía asumir la cartera de Justicia en el gobierno ideado por el grupo golpista. La senadora de Justicia de la ciudad-estado de Berlín, Lena Kreck, comunicó este jueves que la Audiencia de la capital germana ha abierto un expediente disciplinario contra la jueza, que tendrá a partir de ahora «dificultades físicas» para ejercer su profesión y que el Gobierno local hará lo posible para impedir que vuelva a trabajar.

No es la primera vez que las autoridades de Berlín tratan de librarse de Malksack-Winkemann, que fue detenida en su domicilio en Berlín y se encuentra ya en prisión preventiva. El pasado octubre el Tribunal Administrativo de la ciudad falló en su favor al rechazar una demanda para obligarla a jubilarse después de que, como diputada en el Bundestag por la ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD), interviniera ante el pleno parlamentario y desgranara toda una serie de argumentos xenófobos y racistas que los responsables de la Justicia berlinesa consideraran inaceptables y motivo de su cese inmediato.

La causa se encuentra ya en una instancia superior. La acusada de golpismo era hasta ahora jueza de la 19 Cámara de lo Civil en Berlín, responsable de asuntos inmobiliarios. La titular de Justicia de la capital alemana señaló que ya antes de su detención consideraba a Malsack-Winkemann una «persona incendiaria y peligrosa» y que «desde ayer -por el miércoles- se sabe lo peligrosa puede llegar a ser». A la vista del caso en el que se encuentra inculpada es más que improbable que llegue alguna vez a volver a ejercer, comentó Kreck.

Tampoco volverá a pisar las dependencias del Parlamento germano, en el que fue diputada por AfD en la legislatura pasada, entre 2017 y 2021. La Policía parlamentaria recibió este jueves la orden de prohibir la entrada en el Reichstag, la histórica sede del Bundestag, y otros edificios del órgano legislativo a la sospechosa de golpismo, que disponía al parecer de un carné especial pese no salir reelegida en los últimos comicios.