El Gobierno francés luchará para frenar la creciente violencia contra cargos electos

El Ministerio del Interior y la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF, por su siglas en francés) calculan que la violencia verbal o física contra cargos electos aumentó un 32% entre 2021 y 2022. De 1.720 casos se pasó a 2.265. Y en lo que va de año este fenómeno ha seguido en aumento. Morez es un ejemplo de esta situación. En la Alcaldía desde 2017, el pasado 9 de mayo presentó su dimisión «por motivos personales» después de recibir amenazas de la extrema derecha y de ser víctima de un incendio provocado en su propio domicilio.

La extrema derecha puso en su punto de mira al alcalde de Saint-Brevin-les-Pins, una localidad de unos 13.500 habitantes, a raíz de su proyecto para ubicar un Centro de Acogida de Solicitantes de Asilo (CADA, por sus siglas en francés) cerca de una escuela de Primaria. El complejo está especializado en el alojamiento de este colectivo mientras se examinan sus solicitudes y financiado por el Estado. La previsión es que abra sus puertas a finales de este mismo año.

Saint-Brevin ha sido escenario en los últimos meses de varias manifestaciones a favor y en contra de la acogida de solicitantes de asilo en la localidad. «Francia para los franceses», gritaban los detractores del proyecto en una protesta organizada en febrero que contó con la participación de simpatizantes del partido ultraderechista Reconquista, de Éric Zemmour, y del grupo católico integrista de extrema derecha Civitas. 'Sí a la inmigración controlada. No señor Macron a (que se haga) de cualquier manera', rezaba una pancarta. Las tensiones han ido en aumento desde entonces. Morez recibió insultos y amenazas en las redes sociales y en la calle, y la madrugada del 21 al 22 de marzo fue víctima de un incendio provocado en su domicilio.

Un desconocido lanzó sobre las cinco de la mañana, cuando el alcalde y su mujer dormían, un artefacto explosivo contra los dos vehículos de la familia que se encontraban aparcados en el exterior, lo que afectó a la fachada de la casa y dejó ambos coches calcinados. Morez no obtuvo protección policial tras el incidente y, por ello, denunció públicamente «una falta flagrante de apoyo del Estado». El ataque sufrido le llevó a presentar la dimisión a principios de mayo, y fue entonces cuando recibió mensajes de solidaridad de numerosos políticos franceses y la invitación de la primera ministra, Élisabeth Borne, a un encuentro en Matignon.

El presidente, Emmanuel Macron, se mostró hace unos días indignado por los ataques contra Morez y su familia y expresó en redes sociales tanto su solidaridad como la de la nación hacia ellos. Sin embargo, hay otros alcaldes en el país que también han denunciado públicamente actos violentos contra ellos. La regidora de Longeville-sur-Mer, Annick Pasquereau, alertó la semana pasada de que la fachada del Ayuntamiento recibió disparos de perdigones cuando estaban reunidos. Y a Anne-Françoise Piedallu, su homóloga en Plougrescant, le cortaron los frenos del coche.

«Habrá un antes y un después de Saint-Brevin», se mostró convencido Morez después de que el Gobierno francés presentara este miércoles su plan para luchar contra la violencia creciente contra estas figuras. «Ser un cargo electo es la función más hermosa, hay que defenderlo mejor», opinó el exdirigente bretón. «Los alcaldes y nuestros cargos electos locales son los primeros eslabones de la cadena republicana: encarnan el interés general a diario y la entrega por otros», recordó Dominique Faure, viceministra francesa de Colectividades Locales y Ruralidad, quien prometió que el Ejecutivo hará todo lo que esté en su mano para protegerlos.

El Gobierno francés anunció la creación de un centro para el análisis y la lucha contra los ataques a cargos electos, que espera que le permita conocer mejor este fenómeno, adaptar la repuesta en tiempo real y ayudar a coordinar las fuerzas del orden que actúan sobre el terreno. El plan contempla asimismo reforzar el dispositivo 'Alarme élu', que dará la opción a quienes «se sientan amenazados a comunicarse con su comisaría o su gendarmería para ser socorridos rápidamente y beneficiarse de una vigilancia reforzada». También organizarán sesiones de sensibilización para las potenciales víctimas para «la gestión de comportamientos incívicos» y «la desescalada de la violencia». Y, además, se movilizará la llamada plataforma Pharos «para detectar y judicializar mejor la violencia online».

Sobre el plano judicial, el Gobierno francés desea que los autores de violencias contra cargos electos sean más duramente sancionados que hasta ahora para que «sepan que sus actos tendrán consecuencias fuertes». El agresor, actualmente, puede ser condenado hasta a tres años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros. Según la cadena de televisión BFMTV, el Ejecutivo quiere que en un futuro próximo la pena sea la misma que ya se aplica hoy a las agresiones contra gendarmes, policías y bomberos, es decir, hasta 7 años de cárcel y 100.000 euros de sanción.

«El conjunto de estas medidas tiene como objetivo que ningún cargo electo se sienta solo ante la violencia de la que pueda ser víctima. Protegiendo a nuestros cargos electos, protegemos nuestra democracia», se mostró convencida Faure.