El Gobierno británico pondrá fecha a las nuevas elecciones en Irlanda del Norte

El DUP derrumbó el Gobierno autonómico en febrero, mediante la dimisión del ministro principal, Paul Givan. Tras las elecciones de mayo, que dieron la victoria al Sinn Féin, el mayor partido unionista se negó a participar en el complejo sistema de restauración de la autonomía. No acepta la vigencia del Protocolo del Brexit para la provincia, que según el DUP separa la provincia del resto del Reino Unido.

Conor Murphy, del Sinn Féin, consejero de Economía en el Ejecutivo antes de su derrumbe, puntualizó que el fracaso en el intento de restaurar la asamblea «no se debe a que los partidos no se ponen de acuerdo entre ellos, sino a que el DUP no quiere trabajar con nadie». La líder del partido, Michelle O'Neill, advirtió sobre un «extraño giro» del ministro británico.

Heaton Harris ha manifestado en los últimos días que iba a convocar las elecciones si no se restauraba la autonomía, y el anuncio lo ha pospuesto a la próxima semana. Se entrevistará con los partidos, prometió. Pero recordó que está obligado por ley a convocar los comicios en el plazo de 12 semanas tras el colapso de la autonomía y que los partidos operan con esas reglas también.

Las instituciones creadas en el Acuerdo de Viernes Santo han operado menos de la mitad del tiempo transcurrido desde 1998. Pero las circunstancias actuales parecen peligrosas para su futuro. Matthew O'Toole, diputado en Belfast del Partido Socialdemócrata y Laborista, representante del nacionalismo católico moderado, dijo a la BBC que «parece el velatorio de la autonomía».

Jeffrey Donaldson, líder del DUP, culpó a Londres. «Hemos tenido seis meses para hacer algo con el Protocolo, y en esos meses hemos tenidos tres primeros ministros y no hemos visto el progreso necesario». Se quejó de que, en esas circunstancias, el Gobierno podría haber extendido el plazo, decir que «necesita más tiempo para encontrar una solución y que Irlanda del Norte restaure su lugar en el mercado interno del Reino Unido».

El Protocolo incompatible con los deseos del DUP regula el comercio entre Irlanda del Norte, que permanece en el mercado común y en el británico, con el resto del Reino Unido, que ha quedado fuera del mercado común tras el Brexit. Los unionistas resienten en particular los trámites y controles fronterizos entre los puertos norirlandeses y los de Escocia, Gales e Inglaterra.

Un estudio estadístico publicado esta semana por académicos de Queen's University, en Belfast, señala que el 54% de la población cree que el Protocolo es apropiado si se mantienen los periodos de gracias, decididos por Londres, en la aplicación de controles fronterizos. El 70% cree tienen que existir algunos procedimientos especiales en la región, y el 60% que el Brexit no es bueno para el Reino Unido.

El ministro Heaton-Harris fue tajante afirmando que el Gobierno británico no está considerando la idea de sustituir la autonomía por una gobernación de la provincia compartida por Dublín y Londres. La idea fue aireada por el Sinn Féin y ha recibido el apoyo del SDLP, quizás para evitar la fuga de electores. Sin consenso del unionismo, quebraría el acuerdo constitucional de 1998. Voces del 'lealismo' violento advirtieron que están vigilantes ante maniobras de ese tipo.

Los gobiernos de Londres y Dublín ya tienen un ente de coordinación, con su cuartel general en Belfast, pero su enfoque ha sido el de avanzar la negociación tripartita, sumando a Bruselas, sobre el Protocolo. Heaton-Harris y su colega irlandés, Simon Coveney, emitieron señales de avance durante el mandato de Liz Truss en el Gobierno británico.

Los partidos consideran las elecciones innecesarias, porque el resultado no cambiará nada, si las negociaciones sobre el Protocolo no convencen al DUP. Mientras tanto, los consejeros que actuaban como interinos en sus departamentos han abandonado los puestos. Funcionarios con aún menos poderes administrarán una región muy deficitaria, a pesar de la donación anual de 17.500 millones de euros por el Gobierno de Londres. El ministro del Gobierno central dictará el próximo presupuesto.