El Gobierno de Johnson autoriza la extradición de Assange a Estados Unidos

Stella apenas pudo contener la rabia y el dolor ante la última vuelta de tuerca en el procedimiento contra el padre de sus dos hijos, de 5 y 3 años. «Estoy airada. Voy a luchar por la justicia cada hora del día hasta que Julian esté libre».

Assange sigue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, sin cargos pendientes en el Reino Unido. El precedente de 2012, cuando desatendió al Supremo, que ordenó su extradición a Suecia en una causa de abuso sexual ya archivada, y se refugió en la embajada de Ecuador ha frustrado su acceso a la libertad cautelar.

«Cualquier observador objetivo aprecia que es demencial prolongar su encarcelamiento. Buscó asilo porque temía la persecución del Gobierno estadounidense y le están castigando por acertar. Julian sabía que actuaría contra él con todo su poderío», explica la también abogada en referencia al eco y consecuencias de las filtraciones publicadas en WikiLeaks en 2010.

Un tribunal de Virginia reclama la entrega del australiano para juzgarle por diecisiete cargos en violación de la Ley de Espionaje, de 1917, y uno adicional de intromisión informática. Se derivan de la obtención y divulgación de 400.000 partes de la guerra de Irak, 90.000 informes de acciones en Afganistán, 800 de los presos de Guantánamo y unas 250.000 comunicaciones diplomáticas. Muchos documentos fueron publicados por WikiLeaks en colaboración con medios internacionales, desde 'El País' a 'The Guardian' o 'The New York Times'.

Los ficheros incluyen testimonios de aparentes crímenes de guerra, como el vídeo de la matanza de civiles iraquíes desde un helicóptero militar norteamericano. Por otra parte, los cables diplomáticos se volcaron «sin editar» en la pionera plataforma, desvelando datos personales de confidentes y colaboradores de Washington, según subrayaron sus representantes legales en el juicio de extradición.

La ministra del Interior ratificó este viernes la sentencia del Tribunal de Apelación, que revirtió el veredicto original de enero de 2021 contrario a la entrega y aceptó la extradición. El Supremo dio su visto bueno en marzo. Este viernes, la oficina de Patel reafirmó las garantías diplomáticas dadas a última hora por Washington de que Assange «será tratado apropiadamente en EE UU, incluido en relación con su salud».

«Julian se deteriora día tras día. Belmarsh es un sitio horrible. Sufrió un pequeño derrame en octubre y cualquier crisis aguda de salud es un riesgo», explicó su mujer. El riesgo de suicidio fue determinante en el bloqueo de la extradición el año pasado y la sombra de una muerte prematura no se ha despejado. «Quiere vivir. La posibilidad de estar con los niños, conmigo, en libertad… Tiene motivos para luchar mientras continúa aquí. Pero si le extraditan, las condiciones serán tan opresivas que le llevarán a quitarse la vida», alerta. El equipo legal dispone de 14 días para presentar el recurso ante el Superior.

La defensa confía en la trama de espionaje, que investiga la Audiencia Nacional española, para ganar la partida final, ya sea ante los jueces de Londres o de Estrasburgo. «El caso es extremadamente importante porque revisa seriamente la criminalidad que EE UU ha cometido contra Julian, su familia y sus abogados», dijo su mujer.