El Gobierno de Barnier impulsa un importante recorte del gasto público

Con este borrador de las cuentas, que se debatirá durante las próximas semanas en la Asamblea Nacional, el Gobierno del binomio Barnier (primer ministro) y Emmanuel Macron (presidente) quiere reducir en más de un punto del PIB su déficit público de cara a 2025. Francia cerrará este año con un déficit del 6,1%, un porcentaje que solo había registrado en periodos de crisis como en 2008 o 2020. «Sería del 7% sin este esfuerzo suplementario», aseguró la portavoz gubernamental, Maud Bregeon, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Finalmente, el Ejecutivo tiene el objetivo de disminuirlo al 5% el año que viene y al 3% en 2029.

El equilibrio de las cuentas representa la primera patata caliente a la que se enfrenta el conservador Barnier, designado como primer ministro en septiembre tras varios meses de interinidad y que solo cuenta con el apoyo de 212 diputados de un total de 577. El exnegociador europeo del Brexit llegó a la jefatura del Gobierno con una herencia envenenada por parte de los anteriores gabinetes de la presidencia de Macron.

Debido a las disminuciones de impuestos desde 2017, especialmente para las empresas y las grandes fortunas –valoradas en unos 60.000 millones de euros anuales, según el Tribunal de Cuentas–, las ayudas dadas para afrontar la pandemia del Covid-19, la crisis energética y el mal diseño de anteriores presupuestos, Francia sufre un agujero superior al de sus vecinos. Y se prepara para uno de los mayores ajustes de los últimos años.

«El impacto alcanzará los 60.000 millones. Es inédito y requerirá un esfuerzo colectivo», declaró Laurent Saint-Martin, ministro del Presupuesto, mencionando la suma del tijeretazo en el gasto y las subidas temporales de los impuestos. La parte principal de este «esfuerzo» recae en el Estado, la Seguridad Social y las administraciones locales. Los recortes posteriores a la crisis de 2008 -entonces Francia llevó a cabo medidas mucho más suaves que en España, Grecia o Portugal- resultaron inferiores a los 40.000 millones previstos esta vez.

El 'tijeretazo' afectará en unos 21.000 millones menos el gasto del Estado, si se tiene en cuenta la inflación. El Ministerio de Educación es uno de los más afectados con una disminución de más de 4.000 puestos de profesores. En cambio, la partida destinada para las fuerzas de seguridad crece en cerca de 600 millones (un 3,5%). Otra parte significativa de este «esfuerzo» la asumen los jubilados. Sus pensiones no aumentarán en función de la inflación a partir del 1 de enero, como solía suceder, sino en julio. Esta medida supondrá un ahorro de 15.000 millones para la Seguridad Social.

El proyecto de ley también incluye «subidas temporales» de los impuestos. El Ejecutivo ha previsto una tasa especial para 2025 y 2026 para aquellas empresas con una cifra de negocios superior a un millón de euros. Así pretende incrementar en 8.000 millones la recaudación de cara al año que viene. También quiere obtener 2.000 millones más con un incremento de la fiscalidad para aquellos que tengan unos ingresos anuales de más de 250.000 euros.

Estas subidas de impuestos a los más ricos rompen con la línea roja que se había fijado Macron, quien se negaba desde 2017. Por consiguiente, varios pesos pesados del macronismo, como el exministro del Interior, Gérald Darmanin, alertaron de que no apoyarán estas cuentas en la Asamblea Nacional. Desde las oposiciones de la izquierda y la ultraderecha, indicaron que no votarán este texto presupuestario. «Es un proyecto de austeridad que debilitará los servicios públicos», denunció el diputado socialista Philippe Brun. Unos apoyos escasos que empujan a Barnier a recorrer al polémico decreto gubernamental del 49.3, que no exige ninguna votación en el Parlamento.