Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), que sometió en mayo una solicitud a los jueces de la corte para que dicten órdenes de detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de su titular de Defensa, Yoav Gallant, ha negado en ... una larga entrevista con la BBC que las órdenes dictadas el mismo día contra tres dirigentes de Hamás -dos de ellos ya asesinados- fueron una decisión política, impregnada de equivalencia sobre la naturaleza y acciones de las dos partes.
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Khan recordó que en los días posteriores a la masacre de civiles perpetrada por Hamás, el 7 de octubre de 2023, estuvo en persona investigando los hechos y fue recogiendo las pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad -asesinato, exterminio, toma de rehenes, actos de violencia sexual- que sumaban para llegar al umbral de la orden de arresto del líder actual, Yahya Sinwar, y de otros dos dirigentes, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh.
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La acusación que ha enviado a los jueces del Tribunal que decidirán emitir o abandonar la orden de detención de Netanyahu y Gallant, ha provocado ira en lugares poderosos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la calificó de «intolerable» y la Asociación Británica de Abogados en favor de Israel, ha escrito a Khan advirtiéndole de que pedirán su expulsión de la Fiscalía en La Haya y del cuerpo institucional de la abogacía en el Reino Unido.
En su entrevista con Nick Robinson, un veterano periodista político de la BBC, Khan explicó que los abogados que simpatizan con Israel le reprochan alegar que el Estado hebreo cometió crímenes de guerra con un sitio de la población de Gaza que persiguió causar hambruna y sed, cuando según ellos no habría ocurrido. Khan puntualizó en la BBC que la documentación con las pruebas obtenidas para basar la petición a los jueces no se ha publicado.
Mientras la solicitud a los jueces del TPI para detener a Netanyahu ha causado gran revuelo en el mundo 'occidental', la misma zona geopolítica aplaudió al hijo de un médico musulmán y de una enfermera cristiana, crecido en la ciudad inglesa de Leeds, por lograr, en julio de 2023, una orden de detención de Vladímir Putin, tras señalar ataques a la población civil y secuestros de niños como crímenes de guerra.
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No había viajado a ninguno de los 124 países con representación en la Asamblea del Tribunal. Están obligados a ejecutar las órdenes emitidas por los jueces. Pero esta semana el presidente ruso ha sido agasajado por el Gobierno de Mongolia, firmante del Tratado de Roma. Khan afirma que los jueces y dirigentes del tribunal están conversando con el Gobierno de Ulán Bator.
Una institución a la que no quieren pertenecer Estados Unidos, Rusia, China e Israel no necesita más pruebas de debilidad. Pero Khan, persuasivo abogado del valor y del avance de la ley internacional, es optimista. Cree que «el espacio para hacer lo que quieras, con un poder ilimitado y libre de responsabilidades, se ha reducido». Y recuerda que la gente ya se reía de la idea de un tribunal sobre Yugoslavia.
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