«Extremada preocupación» de los 'brexiters' sobre Gibraltar

Para David Jones, que fue secretario de Estado en el Ministerio de la Marcha de la UE en el gabinete de Theresa May, es «extremadamente preocupante» que el Ejecutivo de Londres no esté rechazando lo que él considera intromisiones de España y de la Unión Europea en la soberanía británica en Gibraltar, que afectaría al movimiento de personas y la gestión del aeropuerto.

El Comité de Escrutinio Europeo agrupaba en la mañana del miércoles a conservadores 'brexiters' y a Sammy Wilson, miembro del Partido Unionista de Irlanda del Norte. El presidente del comité, Bill Cash, de 84 años, es el más veterano diputado en la Cámara de los Comunes. Su tenacidad durante cuatro décadas en el órgano legislativo contribuyó significativamente al Brexit.

Habían convocado a David Rutley, nombrado hace poco más de un año para un cargo en el Ministerio de Exteriores, que le da responsabilidad para las relaciones con países sudamericanos, caribeños, y los Territorios de Ultramar, en los que se incluye Gibraltar. Le acompañaba Robbie Bulloch, jefe del grupo negociador del Ministerio, que ahora dirige el exprimer ministro, David Cameron.

El 12 de abril, Cameron, su colega español, José Manuel Albares, el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, y el vicepresidente del Consejo Europeo, Maros Sefcovic, llegaron a un acuerdo sobre las líneas maestras de un futuro tratado, que ahora detalla un comité de especialistas. Los diputados británicos querían escrutar los avances.

Obtuvieron de Rutley la declaración de que Londres no quebrará en la negociación 'tres líneas rojas'. La primera es que Gibraltar acepte el acuerdo, la segunda es que facilite el movimiento de personas que sostiene la economía local y la tercera es que no se altere la operatividad e independencia de las instalaciones militares británicas.

Aunque el Reino Unido tiene instalaciones militares en el interior de la roca y en el puerto, los diputados eligieron la gestión del aeropuerto como una cuestión fundamental, rechazando la idea de una operación compartida con España. Los representantes del Gobierno puntualizaron que el Ministerio de Defensa y la Royal Air Force mantendrán la gestión del aeródromo, pero que habrá que introducir «cuestiones prácticas» para hacer posibles los vuelos a la UE.

Los diputados brexiters respaldaron con vigor el Tratado de Comercio y Cooperación que selló el Brexit pero no aceptan las consecuencias prácticas. En el acuerdo pactado entre los gobiernos de España y Gibraltar en 2020 ya se incluía, y también en el Tratado, que habrá controles fronterizos para proteger el área Schengen. Se quejan de que esos controles se hagan en territorio británico.

Para Cash, no son detalles sino cuestiones fundamentales que afectan a la soberanía. También lo sería que el Tribunal de Justicia de la UE, que ha perdido su poder en las leyes de Inglaterra, Gales y Escocia, intervenga indirectamente en el mercado de bienes entre Gibraltar y la UE. Cash vaticina que, si eso ocurre, el tribunal extenderá su poder.

A la dura crítica de los brexiters a Rutley, compañero de partido, se sumó el norirlandés Wilson, advirtiendo de que las ambigüedades del Gobierno de Londres son similares a las que dejaron a un sector de la sociedad de Irlanda del Norte indignado por su pérdida de Britanidad, cuando el Brexit que apoyaron ofrecía todo lo contrario.