La UE endurecerá las acogidas y permitirá a sus miembros pagar por rechazar refugiados

El compromiso permitirá a los Estados miembros pagar por rechazar refugiados (20.000 euros por cada persona), alargar los proceso de trámite en las fronteras -lo que llevará a crear 'zonas de espera'- y tomar datos biométricos y personales de los migrantes a partir de los 6 años. El pleno de la Eurocámara dio este miércoles su visto bueno, uno a uno, a los diez reglamentos que componen el expediente por un ajustado margen en la que era una de las últimas oportunidades para dar luz verde al pacto antes del final de la legislatura europea.

El nuevo reglamento supone, en la práctica, un endurecimiento de la política migratoria. Abre el camino a un refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la firma de acuerdos con terceros países para frenar las llegadas irregulares y un procedimiento más acelerado para las deportaciones.

Una vez el texto sea ratificado por los Veintisiete en un procedimiento meramente formal, el bloque contará por primera vez en su historia con una política común en materia de migración, algo que hasta ahora los países gestionaban por su cuenta y que daba lugar a importantes conflictos diplomáticos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que el pacto ofrece «más seguridad en las fronteras, procedimientos más rápidos y una mayor solidaridad con los Estados miembros en las fronteras exteriores». La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, también celebró el carácter «histórico» de «un marco legislativo robusto, que ofrece un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Éste es el camino europeo».

Entre los principales avances de este reglamento se encuentra el mecanismo de crisis. La Comisión Europea o un Estado miembro podrán activar esta herramienta en caso de llegadas masivas al bloque y que incluirá medidas de solidaridad con compensaciones económicas, reubicación de solicitantes de asilo y ayuda en la tramitación de peticiones de protección para los países afectados.

La votación de este miércoles en la Eurocámara estuvo precedida por un intenso debate entre los representantes del Ejecutivo comunitario y de los grupos políticos del hemiciclo. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, tomó la palabra para pedir el voto a favor del paquete migratorio. «Es momento de arreglar nuestro sistema. Nuestros ciudadanos esperan que protejamos a las personas que vienen legalmente a estudiar, trabajar… o a aquellos que huyen de las guerras y que devolvamos lo más rápido posible a quienes no tienen derecho a quedarse», aseguró.

El mecanismo de crisis, dijo, hará que la ayuda a los países europeos sea «obligatoria» y no «voluntaria» como hasta ahora. El pacto acumula ya ocho años de trabajo legislativo. Hace cuatro fue bloqueado y en esta ocasión era la Eurocámara la que tenía la última palabra, a pocos meses de las elecciones europeas, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio. Por ello, la comisaria pidió a los eurodiputados que tengan «coraje» e insistió en que «es ahora o nunca».

El comisario de Protección del Estilo de Vida Europeo y vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, defendió por su parte que «la perfección es siempre la enemiga del progreso» y aseguró que el pacto migratorio supone «una mejora tangible después de años de fracasos».

Los representantes de los principales grupos políticos -los populares europeos (EPP), los socialdemócratas (S&D) y los liberales (Renew)- avanzaron en sus intervenciones que respaldarían el acuerdo migratorio, que «no es ideal, pero es mejor que la situación actual». Con todo, muchos de los eurodiputados de sus bancadas se desmarcaron de su formación y votaron en contra del pacto.

Y es que la normativa ha dividido a la Eurocámara. La proximidad de los comicios también han influido en las votaciones. La ultraderecha rechazó el reglamento -asegurando que era lo suficientemente duro- y también lo hicieron los Verdes y el grupo de la Izquierda, que defienden que este pacto «aleja a la UE de sus valores fundacionales» y la acerca hacia una Europa «fortaleza», eliminando la protección de los solicitantes de asilo.

El pacto migratorio europeo cuenta con el abierto rechazo de asociaciones y organizaciones, que critican la vulneración a los derechos humanos que supone este reglamento. La ONG Médicos Sin Fronteras subrayó este miércoles que el pacto europeo «no soluciona los desafíos en la gestión migratoria» y criticó que el reglamento tendrá «unas consecuencias devastadoras para los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras».

Esas voces contrarias al acuerdo también se pudieron escuchar en el hemiciclo, cuando un grupo de manifestantes interrumpió la sesión de votación con la consigna «Este pacto mata. Vota no». Los gritos desde el palco de invitados hicieron que la sesión de votación tuviera que ser interrumpida durante unos minutos hasta que los manifestantes fueron evacuados de la sala.

La crisis vivida el pasado septiembre en la isla italiana de Lampedusa, que quedó colapsada por las llegadas masivas de migrantes, y los intentos del presidente bielorruso Alexandr Lukashenko por usar los flujos migratorios para presionar a Europa, evidenciaron la urgencia de acelerar el debate sobre política migratoria en la UE y convirtieron este expediente en una prioridad de la agenda europea.

Desde entonces el Ejecutivo comunitario ha reiterado en numerosas ocasiones que la gestión de los flujos migratorios «es un desafío común, que requiere una política común».