La estabilidad de Irlanda del Norte pendiente de los siete test del DUP

Con el presidente católico de Estados Unidos, Joe Biden, deseoso de participar en abril en los actos conmemorativos del acuerdo de paz de 1998, el partido probritánico ha establecido siete test para juzgar los cambios en el Protocolo. La ascendencia irlandesa del presidente americano le ha impulsado a una diplomacia terca, presionando a Londres para que resolviese la disputa sobre el Protocolo.

El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del texto original porque el Parlamento británico lo aprobó, modificando de esa manera la ley de la Unión de 1800, que estableció que los ciudadanos del Reino Unido deben tener «los mismos privilegios e igual base» en sus relaciones comerciales. Pero el primer punto de los siete del DUP demanda que se restablezcan los derechos de esa ley.

Exige también que no haya frontera ni aduanas entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte y que se evite el desplazamiento del comercio de Irlanda del Norte hacia la República de Irlanda, como consecuencia de las cargas burocráticas que pesan sobre su principal ruta comercial. Esa exigencia tan genérica parece incompatible con la permanencia de Irlanda del Norte en el mercado común.

El DUP demanda que se dé a la población «voz en las leyes que les gobiernan». Los reglamentos comunitarios tienen categoría de ley. En la actualidad nuevos reglamentos y directivas de la UE son evaluados por el Gobierno de Londres y comités parlamentarios, pero no llegan a la asamblea de Belfast por el colapso de la autonomía. El nuevo acuerdo da voz al ente autonómico para rechazar nuevas reglas. Y no acepta la supremacía del Tribunal de la UE, que seguirá teniendo la última palabra sobre las leyes comunitarias.

El último filtro del DUP es que se mantenga el principio del Acuerdo de Belfast de 1998 por el cual la Asamblea tiene que registrar una mayoría en ambos bloques -nacionalista y unionista- cuando uno de ellos plantea su objeción a una propuesta legislativa. El Protocolo original dicta una votación en la Asamblea, en diciembre de 2024, para prolongar su vigencia. En primera instancia se decide por simple mayoría y el DUP perdería el voto en la composición de escaños que dio las últimas elecciones. Se añade ahora un derecho a votar sobre nuevas normas comunitarias.

La última encuesta de la población norirlandesa, publicada en la última semana de enero, contabilizaba la oposición del 40% de votantes unionistas a que el DUP restaure la autonomía si no se «eliminaba completamente» el Protocolo. El 21% quiere la restauración sin más, el 12% si se reformaba ligeramente y el 27% si la reforma era mayor.