Johana Gil
Lunes, 17 de abril 2023, 20:00
Eslovaquia se suma a Polonia y Hungría en el veto al grano ucraniano para la defensa del mercado local. Pese a que la Comisión Europea ha cuestionado la decisión, el Gobierno de Bratislava anunció este lunes que suspenderá temporalmente la importación de cereales procedentes de ... ese país. El Ejecutivo de Eduard Heger no descarta ampliar las restricciones a otros productos, como el azúcar.
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El Ministerio de Agricultura eslovaco defendió que «los productos, que deberían estar destinados a terceros países, terminan en el mercado europeo y lo desestabilizan». Los tres Estados impulsan la medida para proteger la economía local frente a la caída de precios debido al levantamiento de aranceles por parte de Bruselas a Kiev y a la acumulación de grano en su territorio por la invasión rusa.
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Siguiendo los pasos de Eslovaquia, así como de Polonia y Hungría, este lunes el titular de Agricultura de Bulgaria, Yavor Gechev, ha reconocido estar «trabajando» en una prohibición similar. Apela igualmente a supuestas pérdidas para los agricultores locales que ascenderían a 900 millones de levas -más de 460 millones de euros-, según recoge la emisora pública BNR.
Las autoridades de Varsovia y Budapest fueron las primeras en vetar el grano ucraniano al anunciar el sábado la prohibición, hasta el 30 de junio, de las importaciones de productos agrícolas procedentes del país invadido por Rusia con el fin de defender los intereses de sus productores nacionales. La medida ha abierto en la Comisión Europea un debate sobre la legalidad de esta decisión. El Ejecutivo comunitario, si bien ha solicitado más información a las autoridades pertinentes, ha subrayado ya que la política comercial es competencia exclusiva de la UE y que, por lo tanto, las acciones unilaterales «no son aceptables».
«No conocemos bien el fundamento jurídico de tales medidas, pero por supuesto estamos en contacto con las autoridades para tratar de entenderlas», ha afirmado este lunes en rueda de prensa la portavoz de Agricultura de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer.
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