Empate técnico entre prorrusos y proeuropeos en las votaciones en Moldavia

En cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales, la candidatura de Sandu, principal promotora de la integración europea, ha sido la más votada, con el 41,84% de los votos, aunque tendrá que ir a una segunda vuelta el próximo 3 de noviembre teniendo como rival al prorruso Alexandru Stoianoglo, antiguo fiscal general y apoyado por el Partido Socialista de la República de Moldavia (PSRM). Stoianoglo ha logrado el apoyo del 26,35% del electorado. El índice de participación ha sido ligeramente superior al 50%. Pese a los vaticinios sobre posibles provocaciones, los comicios transcurrieron este domingo sin ningún incidente significativo.

Comentando los resultados aún preliminares de las votaciones, Sandu dijo esta madrugada que su país sufre un «ataque sin precedentes contra la democracia». A su juicio, «organizaciones criminales junto con fuerzas extranjeras intentaron comprar los votos» de los ciudadanos moldavos. «Tenemos pruebas e información de que un grupo criminal pretendía comprar 300.000 votos. Se trata de un fraude sin precedentes, cuyo objetivo es comprometer la democracia», afirmó la presidenta.

La oposición acusó a las autoridades de haber organizado la campaña electoral «más sucia» de los últimos 33 años, tras independizarse Moldavia de la extinta Unión Soviética, y alertó de que habrá fraude en el recuento. De momento, según el abogado Nicolae Panfil, observador de la asociación Promo-Lex por la limpieza democrática, ya se han presentado cerca de 200 denuncias por posibles infracciones de la ley electoral. Los observadores de Promo-Lex, según sus palabras, «están presentes en 614 colegios electorales, incluidos aquellos donde votan los ciudadanos residentes en Transnistria».

Por su parte, Ion Chicu, uno de los candidatos a las presidenciales, aseguró que las autoridades obligaron a la gente «a votar y eso es una grave vulneración» de la normativa. Habrá que ver qué sucede cuando sean proclamados los resultados, ya que el Gobierno moldavo asegura que desde Rusia se van a impulsar disturbios utilizando personas especialmente entrenadas para ello con el dinero del oligarca exiliado, Ilan Shor.

En declaraciones a Bloomberg, la viceministra moldava de Integración Europea, Cristina Guerásimova, sostuvo que Rusia había gastado «unos 100 millones de euros para intentar perturbar las elecciones» mediante «la difusión de información falsa, la desestabilización de la situación en el país y la compra de votos».

Guerásimova dijo estar convencida de que, si estás tácticas funcionan, «podrán ser utilizadas en otros países europeos (…) Nosotros somos ahora el campo de pruebas». «Pretenden impedir que Moldavia se convierta en país miembros de la UE», afirmó. Además advirtió que «la narrativa de Moscú trata de inculcar que un giro hacia Bruselas equivale a elegir la guerra», como está pasando en Ucrania. El viernes, el flamante secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que «Rusia quiere hacer descarrilar la trayectoria europea de Moldavia».

Los prorrusos consideran que la iniciativa de celebrar referéndum sobre la futura pertenencia a la Unión Europea no sirve tanto al interés nacional como a los intereses del poder y pretende fortalecer la posición del actual Gobierno. Así lo estima el candidato presidencial, Renato Usatii, líder de la formación Nuestro Partido.

En 2022, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Moldavia que durante sus tres décadas de independencia había proclamado la «amistad con todos, al este y al oeste», modificó su postura y abogó por adherirse a la UE. Presentó la solicitud el 3 de marzo de 2022 y, tres meses después, Bruselas inició oficialmente, al igual que con Ucrania, conversaciones sobre la futura integración. Ambos países recibieron el estatus de candidatos al ingreso en la UE. En Chisinau son optimistas y creen que tal objetivo podrán materializarlo hacia el año 2030.

La Comisión Europea ha establecido para Moldavia nueve recomendaciones, entre ellas luchar de forma efectiva contra la corrupción, lo que incluye erradicar la influencia de los grandes empresarios en las decisiones políticas, y garantizar la independencia judicial. El cambio constitucional para la convergencia con Europa supondrá el alineamiento de Chisinau con los tratados constitutivos y fundacionales de la UE.