En pleno debate sobre la reforma migratoria en Francia, la derecha gala ha denunciado este jueves el acuerdo franco-argelino de 1968 que facilita la circulación, el empleo y la residencia de los ciudadanos argelinos y sus familiares en territorio francés. Los conservadores quieren acabar ... con los privilegios que tienen los ciudadanos del país africano con respecto a inmigrantes de otros países. «Mientras no se denuncie este pacto, no tendremos una capacidad total para controlar los flujos migratorios», ha advertido la diputada de Los Republicanos Michèle Tabarot en el pleno.
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Diputados de Los Republicanos (derecha moderada) han presentado este jueves una resolución simbólica para denunciar el documento firmado el 27 de diciembre de 1968, seis años después de la independencia de Argelia en 1962. La resolución fue, sin embargo, rechazada por la Asamblea Nacional por 151 votos en contra y 114 a favor.
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La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, se ha mostrado abierta a una revisión del texto. El Gobierno, sin embargo, se opone a denunciar el acuerdo y defiende la necesidad de «ajustarlo» a la realidad de la relación entre ambos países y a los objetivos de París en materia de inmigración. La derecha asegura que se ofrece «casi un derecho automático a la entrada» de los argelinos a la nación europea y que deja «la puerta abierta a una inmigración masiva». El Ejecutivo lo niega. «No hay derecho automático a los visados ni de estancias breves ni largas. Denunciarlo no arregla en ningún caso la cuestión de la llegada de indocumentados», ha respondido Olivier Becht, viceministro de Comercio Exterior.
París considera que demandar el pacto sería «contraproducente», pues correría el riesgo de provocar «una reacción de las autoridades argelinas que tendría serias consecuencias y podría conducir al congelar el diálogo migratorio», ha advertido Becht en la Asamblea Nacional.
El acuerdo de 1968, firmado en una época en la que el país europeo necesitaba mano de obra extranjera para desarrollar rápidamente su economía, otorga a los ciudadanos del país africano un estatus único en materia de circulación, residencia y empleo. Desde entonces, el texto se ha sido modificado tres veces, sin que ningún Gobierno lo haya puesto en cuestión.
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A diferencia de, por ejemplo, marroquíes y tunecinos, los argelinos no necesitan solicitar una tarjeta de residencia como la mayoría de inmigrantes en Francia. Un certificado de residencia especial les permite, por ejemplo, entrar más fácilmente al territorio, establecerse libremente para ejercer una actividad comercial o una profesión independiente y pueden acceder más rápidamente que otros extranjeros al permiso de residencia de larga duración.
La Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento galo, comenzará a debatir el próximo lunes 11 de diciembre en el pleno la reforma migratoria. El texto fue endurecido en primera lectura por el Senado, dominado por la derecha y los centristas.
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Xavier Driencourt, exembajador galo en Argel, considera «contradictorio» abogar por una reforma migratoria y hacer una excepción con los argelinos. Driencourt recuerda que «una gran parte de los inmigrantes que llegan hoy al Estado, por la vía de la reagrupación familiar o simplemente con un visado, vienen de allí». En 2021 vivían en Francia 887.000 argelinos, lo que equivale al 12,7% del total de extranjeros en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (Insee).
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