Corrupción, la otra guerra de Ucrania

El valor de la campaña contra el cohecho es esencial en el país en guerra. De las 'manos limpias' dependerá no sólo que aumenten las opciones de Ucrania de ingresar en la UE –que le exige cumplir rigurosas mejoras en derechos sociales y gobernanza–, sino también el apoyo extranjero a la reconstrucción de su devastado territorio, cuyo coste oscila entre 800.000 millones y el billón de euros. Las instituciones e inversores internacionales se reunirán mañana y el jueves en Londres con el fin de establecer estrategias para reunir el capital. La mejor garantía de éxito de los planes es demostrar que tan gigantesca financiación no será malversada.

A los expertos tampoco se les escapa que Zelenski se la juega en este envite porque, a medida que avanza la guerra, también parecen haberse incrementado las tensiones políticas internas. El momento es delicado. Pese al respeto por la figura del presidente, la disconformidad ha crecido tras la acumulación de poder en el Gobierno y la ausencia de planes sobre unas futuras elecciones generales, que el gabinete ve imposibles mientras dure la invasión.

«La legislación estipula que durante la ley marcial es imposible celebrar comicios. Y esto es lógico porque no sabemos cómo organizar la votación de casi siete millones de personas que están fuera de Ucrania ni la de aquellas regiones que están temporalmente ocupadas. Podría conducir a la desintegración del Estado que espera nuestro enemigo», ha explicado este lunes el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuck, en el digital 'KP'. El Instituto Internacional de Sociología de Kiev, un centro demoscópico al estilo del CIS español, asegura que el 75% de los ciudadanos querría una renovación del Ejecutivo tras la «victoria» sobre los rusos, pero sólo un 23% desea cambiar a Zelenski.

Tras el impacto por la detención del presidente del Tribunal Supremo, Stefanchuck ha admitido la «urgencia de tomar medidas para limpiar el poder judicial» y ha anunciado que esta semana se hará público un «poderoso mensaje» del Consejo de Seguridad Nacional sobre «cómo deberíamos reformar esa institución». El arresto de Knyazev es el resultado de la mayor investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dos agencias estrenadas hace ocho años y que necesitaban una operación de este calado para mostrar fehacientemente la voluntad oficial de erradicar las prácticas fraudulentas en Ucrania.

Antes que al magistrado, los investigadores han denunciado también a influyentes oligarcas, la mayoría huidos a otros países, y en febrero depuraron a altos mandos del Ministerio de Defensa por inflar los precios de la comida y los pertrechos de los soldados. No obstante, los largos plazos que se suceden a veces para formalizar cargos y la falta de transparencia administrativa –denunciada en algunos medios– sobre la identidad de quienes se han hecho con empresas embargadas a los oligarcas han lastrado ocasionalmente la imagen de esta lucha.

A Knyazev le cogieron con cientos de miles de euros repartidos en su casa y su oficina, pero la Fiscalía cree que la red ha movilizado en total 2,4 millones a cambio de favores judiciales. Ahora queda por determinar si hay más involucrados entre los 168 miembros del alto tribunal y qué decisiones han tomado tras recibir dádivas. Existe incluso el temor a que los sobornos hayan infectado al Consejo Superior de Justicia, que determina quién puede ser candidato judicial tras examinar su integridad ética.

Zelenski posiblemente se presentará a la cumbre de donantes con sus logros y la «esperanza» que otorga la detención de Stefanchuck. Es decir, el mensaje de que las cosas están cambiando en Ucrania, donde el 60% de la población aceptaba el cohecho como un mal inherente a las instituciones antes de la guerra y donde ahora el 84% lo considera intolerable. Dos piedras en el zapato siguen siendo el poder de las grandes fortunas y la reforma judicial. Desde hace años la UE ha advertido al Gobierno de Kiev que, sin limpiar esta institución, no logrará la suficiente credibilidad. En 2019, la confianza pública en el país oscilaba entre el 14% y el 17%. Es la otra guerra de Ucrania.

La labor del Ejecutivo para convencer a los donantes internacionales se presume titánica. Aunque la ayuda llegará de todas formas porque la Comisión Europea no abandonará a Ucrania en un proyecto tan faranónico como humanitario. El grupo socialista y comunista en el Parlamento Europeo ha propuesto la constitución de un comité de expertos independientes que asesore a la plataforma creada para canalizar las ayudas a la reconstrucción de Ucrania. En ella, señala la resolución. participan el Ejecutivo kievita, la UE y diferentes instituciones financieras internacionales, entre otros, pero deja fuera a «la sociedad civil ucraniana y varios partidos políticos de la Rada Suprema (Parlamento)».

El grupo constata que los planes de recuperación «deben tener fundamentos democráticos más sólidos» y muestra su «preocupación por el hecho de que el futuro modelo económico sea decidido por el actual Gobierno sin consultas parlamentarias». Advierte también que aún «persisten importantes factores de corrupción» y que «los oligarcas siguen controlando grandes áreas de la economía». Pone como ejemplo que, desde 2019, el Ejecutivo ha generado las «condiciones para una privatización constante» en el país y que este proceso «se ha acelerado enormemente desde el inicio de la guerra». Añade que el gabinete de Zelenski levantó en 2020 la moratoria que pesaba desde 2001 sobre la venta de tierras agrícolas, lo que ha provocado que «los mayores terratenientes sean una combinación de oligarcas y diversos inversores extranjeros», en su mayoría europeos y norteamericanos.

Los europarlamentarios destacan que el país «es muy atractivo para los inversores internacionales» interesados en su reconstrucción y que «un gigante estadounidense de los fondos de inversión» ya ha puesto en marcha un plan para «atraer capital público y privado» con la aquiescencia del Ministerio de Economía ucraniano.