El Consejo Constitucional galo ha rechazado este miércoles la petición de la oposición de organizar un referéndum de iniciativa compartida (RIP, por sus siglas en francés) para que la edad legal de jubilación en Francia no pudiera ser fijada más allá de los 62 años. ... La impopular reforma de las pensiones impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, y ya promulgada la eleva de forma progresiva hasta los 64. La institución que preside el exprimer ministro Laurent Fabius considera que la petición de consulta «no se refiere, en el sentido del artículo 11 de la Constitución, a una reforma relativa a la política social», el principal punto que debía examinar este órgano.
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Se trata de la segunda vez en 15 días que los nueve 'sabios' del Consejo Constitucional frenan la organización de un RIP sobre la reforma de las pensiones. La primera petición, presentada por diputados de izquierda, fue rechazada el pasado 14 de abril. La segunda había sido registrada por 250 diputados y senadores de la misma ideología. Tras el doble rechazo, a la oposición le queda otra bala en la recámara contra la reforma de las pensiones. El 8 de junio, la Asamblea Nacional analizará una propuesta del grupo parlamentario centrista y regionalista LIOT (Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios) para derogar el proyecto de Macron y regresar a los 62 años como edad mínima legal para jubilarse en Francia. Tras ese examen, el texto pasará al Senado, donde una mayoría de escaños es favorable al cambio legislativo.
El Consejo Constitucional concluye que la petición de referéndum «no se refiere a una reforma relativa a la política social»
La Constitución francesa prevé la posibilidad de organizar un referéndum mediante una proposición de ley a iniciativa de una quinta parte de parlamentarios, es decir, al menos 185 de los 925 miembros del Parlamento que hay entre senadores y diputados. Aunque los nueve 'sabios' hubieran validado la petición de promover un RIP, nada garantizaba que se hubiera celebrado. La convocatoria de una consulta popular mediante este mecanismo es un proceso largo y engorroso. Los detractores de la reforma de las pensiones hubieran tenido nueve meses para recoger 4,8 millones de firmas para una eventual cita con las urnas.
Continúan las protestas
Las dos Cámaras hubieran tenido entonces un periodo de seis meses para examinar la proposición de ley. En caso, poco probable, de que los parlamentarios no votaran el texto, el presidente de la República debería convocar el referéndum. De todas formas, la recogida de todas las firmas necesarias para su convocatoria no garantizaba que la consulta se celebrara, ya que Congreso y Senado podrían rechazarlo.
La reforma promovida por Macron, promulgada el 15 de abril, debería entrar en vigor el 1 de septiembre. Los sindicatos han convocado desde el 19 de enero hasta trece manifestaciones masivas contra el proyecto que, entre otros cambios, eleva la edad de jubilación, un texto que rechazan siete de cada diez franceses, según los sondeos. La próxima protesta sindical tendrá lugar el 6 de junio, dos días antes de que los diputados examinen la propuesta de LIOT para tratar de derogar la nueva legislación.
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