La CIJ inicia las vistas judiciales en el caso de Ucrania contra Rusia por presunto genocidio

Kiev presentó su demanda ante el CIJ nada más comenzada la ofensiva rusa, negando la argumentación de Putin, que, según Ucrania, empleó como pretexto presunto genocidio, lo que constituye una «distorsión» y va en contra de la convención de la ONU de 1948 sobre lo que se entiende como genocidio, que no permite llevar a cabo una invasión con el fin de evitarla o prevenirla.

Rusia, a su vez, sostiene que este caso no cae dentro de la competencia de la CIJ, ya que la convención sobre genocidio no regula el uso de la fuerza entre estados. El embajador ruso en Holanda, Alexánder Shulguin, y la embajadora adjunta del país ante la ONU, María Zabolótskaya, representan al Kremlin ante del tribunal, en una causa apoyada por 32 países, España incluida. Moscú ya cuestionó las competencias de la CIJ cuando, en marzo de 2022, instó a Moscú a detener de inmediato la invasión del país vecino.

Del 18 al 27 de septiembre, la Corte escuchará públicamente las objeciones de Rusia. Hablarán también representantes de Kiev y de la treintena de naciones miembros de la ONU. Si, tras la audiencia, se decide que el caso es de la competencia de la CIJ, se abordará el fondo de la reclamación, aunque se estima que las deliberaciones se prolongarán meses y, de decidirse que continúe la causa, el fallo podría tardar uno o dos años.

El vicepresidente del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento ruso), Konstantín Kosachiov, al comentar en su canal de Telegram el inicio del examen de la reclamación, dijo que Rusia podría considerar retirarse de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso de que «haga caso a Kiev y a Occidente (…) si en lugar de adoptar decisiones conforme a Derecho hagan tonterías». A su juicio, «no hay duda de que la decisión estará lo más politizada posible (…) se está produciendo un colapso gradual de todos los organismos de la ONU. Lo digo con sincero pesar».

En su discurso de apertura ante la CIJ, el abogado ruso repitió las afirmaciones del Kremlin sobre el carácter «nazi» del régimen ucraniano y equiparó la invasión de Ucrania con el ataque aéreo de la OTAN contra Serbia en 1999. Se preguntó si la Alianza Atlántica pudo actuar de tal manera y Rusia no. Kiev asegura que la propia Rusia es culpable de «genocidio» y son sus intentos de justificar la agresión contra Ucrania lo que vulnera la Convención de Naciones Unidas sobre genocidio.

La Corte Internacional de Justicia atiende disputas entre países sobre cuestiones de Derecho, a diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, que procesa a personas por crímenes que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Putin, precisamente, está solicitado por la Corte Penal por su posible implicación en la presunta deportación a Rusia de niños ucranianos que el Ejército ruso iba acopiando a medida que avanzaba en los territorios ucranianos ocupados.

Ucrania y otros países recogen también pruebas de otros «crímenes de guerra» o de «lesa humanidad» cometidos por Rusia en el curso de su ofensiva para ser investigados por la CPI, aunque ésta no estaría en condiciones de acometer acciones legales contra dirigentes rusos por el crimen de «agresión», ya que Moscú no firmó el Estatuto de Roma, creador de esa noción. De ahí que Kiev haya pedido de forma incesante la formación de un «tribunal especial» para juzgar tales delitos.

Los «crímenes de guerra», que incluyen toma de rehenes, torturas, deportaciones ilegales, agresiones sexuales o empleo de armas prohibidas, se definen como graves violaciones del Derecho Internacional cometidas contra civiles o combatientes en un conflicto armado, que generan la responsabilidad penal individual de sus autores, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Tales crímenes conculcarían las Convenciones de Ginebra que se adoptaron en 1949, cuatro años después del final de la II Guerra Mundial. Los tribunales nacionales también pueden declararse habilitados para tratar esos crímenes, si tienen competencias en materia de justicia universal.