Arranca este lunes el juicio contra Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007

La Corte parisina juzga, además de a Sarkozy, a otros once hombres, entre ellos tres exministros de la derecha tradicional (Claude Guéant, Brice Hortefeux y Eric Woerth, actualmente diputado por el partido de Emmanuel Macron). El expresidente está acusado de los delitos de corrupción, financiación ilegal, malversación de fondos públicos y asociación delictiva. Al cabo de este proceso, cuyas audiencias está previsto que concluyan el 10 de abril, podrían condenarlo a una pena de diez años de prisión, cinco de inhabilitación y una multa de 375.000 euros.

El exmandatario negó todos estos hechos, que tachó de «fábula». Considera que se trata de una invención por parte del entorno de Gadafi para vengarse del rol preponderante de Francia en la operación militar de 2011 que acabó con esa dictadura y que derivó en una guerra civil que ha convertido a Libia en un Estado fallido. «No hubo ninguna financiación libia de la campaña», ha defendido su abogado Christophe Ingrain. «Si fuera una serie, se diría que el guion resulta inverosímil», aseguró, por su lado, Sarkozy, obviando que a veces la realidad supera la ficción. Aunque no hay pruebas concluyentes de ello, existe la sospecha de que la intervención occidental en ese país estuvo motivada por la voluntad de la presidencia gala de eliminar pruebas.

De hecho, el dirigente también había negado con vehemencia otros casos de corrupción. Pero luego lo condenaron a penas de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012 y por el caso de las escuchas judiciales. En esa segunda trama, la pena resulta definitiva desde el 18 de diciembre y Sarkozy debe llevar un brazalete electrónico -aún no se lo han puesto- durante un año. Eso no impidió que el antaño líder de la derecha de Los Republicanos (LR), con una trayectoria decadente desde 2012, haya pasado estas vacaciones de Navidad en las islas Seychelles con su esposa, Carla Bruni.

El juicio por el caso libio representa un punto de inflexión en la extensa lista de procesos que afronta Sarkozy desde 2020. Servirá, de hecho, para que la Justicia se pronuncie sobre una trama tan compleja como turbia. El diario digital 'Mediapart' la destapó en 2011 y supuestamente se remonta a 2005. Entonces, Sarkozy, que ejercía como ministro del Interior, se reunió con Gadafi en Libia y ambos acordaron un «pacto de corrupción», según los magistrados encargado de la instrucción de la causa.

Por un lado, el dirigente galo y su entorno se comprometieron a ayudar a ese régimen a salir de su ostracismo por parte de Occidente, propiciado, entre otros motivos, por su implicación en atentados como el del avión DC-10 en 1989, en que murieron 170 personas -dos familiares de esas víctimas se han presentado como parte civil en este juicio-. Por otro, la dictadura norteafricana prometió supuestamente un abundante apoyo financiero al equipo de Sarkozy de cara a las elecciones de 2007, en las que logró su proclamación como presidente. Entonces, Guéant, director de esa campaña, alquiló una caja fuerte en el banco BNP tan grande que en su interior cabía una persona.

Los magistrados hallaron pruebas sobre las presuntas donaciones de las altas esferas libias. El dinero, según esos documentos, circuló a través de maletas o transferencias en paraísos fiscales, como las Bahamas. Una nota firmada por Moussa Koussa, exjefe de los servicios de Inteligencia de Libia, mencionaba la existencia de un acuerdo para financiar esa campaña electoral. También había referencias a esos movimientos económicos en un cuaderno de 2007 de Choukri Ghanem, el exministro del Petróleo libio al que hallaron muerto en el Danubio en 2012.

El intermediario Ziad Takieddine, también juzgado ahora, dijo haber dado a Sarkozy y Guéant unos 5 millones de euros que procedían de Libia entre 2006 y principios de 2007. Este sulfuroso empresario franco-libanés, que huyó de territorio galo tras haber sido condenado en otro caso, cambió su versión hace cuatro años en una entrevista para varios medios franceses. No obstante, los jueces sospechan que esa modificación se debió a un intento de soborno por parte del entorno del expresidente, al que imputaron por ello y podrían procesarlo más adelante. El serial judicial de Sarkozy empieza ahora uno de sus capítulos más trascendentes, pero no parece que vaya a ser el último.