Alerta en el Reino Unido por la liberación de 1.700 presos este martes

La decisión fue anunciada hace dos meses y contiene algunas variaciones con respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno conservador. Los laboristas decidieron poner en libertad a todos los presos que hayan cumplido el 40% de sus sentencias y no carguen con condenas por delitos sexuales graves, terrorismo, violencia doméstica y otros.

No hay polémica política sobre la medida. El último ministro de Justicia de la era conservadora, Alex Chalk, afirma que estaba entre los planes del Gobierno de Rishi Sunak, pero se descartó por la impopularidad de la iniciativa en vísperas electorales. Le ha tocado a Keir Starmer, actual primer ministro, la tarea de aumentar las plazas en prisiones, donde el pasado fin de semana, según el diario británico 'The Times', había menos de un centenar libres. Los cuatro representantes de la mayor posición judicial en Inglaterra y Gales firmaron una carta pública la pasada semana aconsejando reducir la duración de las condenas.

Shabana Mahmood, ministra de Justicia del actual Ejecutivo, ha incitado a sus funcionarios para que identifiquen a todos los presos con condenas por violencia doméstica que han cumplido el 40% de su sentencia para evitar su puesta en libertad. Sin embargo, existe un alto porcentaje de reos que, con condenas en su contra por otros delitos, también tienen un historial violento con sus parejas y familias.

El temor de Nicole Jacobs, nombrada por el anterior Gobierno conservador al frente de una comisión dedicada a dar voz y apoyo a las víctimas de violencia doméstica, enumera en detalle algunos de los problemas que plantea la puesta en libertad de presos que no cumplen condena por ese específico delito. Para empezar, muchas víctimas, según ella, no sabrán que su maltratador saldrá este martes a la calle.

El esfuerzo para notificar y registrar a todas las afectadas es notable. Jacobs señala que un gran número de mujeres maltratadas pasan las noches en blanco por miedo. Las deficiencias en el servicio de vigilancia penitenciaria y rehabilitación, catastróficamente privatizado por un ministro conservador y renacionalizado por otro, han impedido que ocho semanas sean suficientes para la evaluación de los 1.700 presos