La eurocámara pide a Nicaragua derogar las leyes que atacan a la oposición

Los eurodiputados piden la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los pre-candidatos a la presidencia, y de otros activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. También reclaman pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero.

El texto denuncia la «creciente deriva del régimen hacia el autoritarismo», al ir estrechando el espacio para la democracia, el entendimiento a escala nacional y la mediación internacional de cara a una solución pacífica del conflicto, y obstaculizar la celebración de elecciones libres y justas el próximo 7 de noviembre.

Las leyes restrictivas y punitivas para socavar a la oposición aprobadas en los últimos años «institucionalizan la represión y legalizan los actos cometidos en el país desde su adopción», agrega la Cámara.

Las citadas leyes deben ser derogadas de inmediato y el diálogo y la democracia restauradas, como la única vía para encontrar una solución pacífica a la crisis política, económica y social que vive el país, según el PE. Las autoridades nicaragüenses deben asimismo modificar la ley electoral de conformidad con los parámetros señalados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y permitir la presencia sin restricciones de órganos nacionales e internacionales de observación electoral.

Los eurodiputados apelan al Gobierno nicaragüense para que levante el estado de sitio de facto, respete la función de la policía nacional como una fuerza no política, no partidista, y desarme a las fuerzas paramilitares.

Los responsables de las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018 deben rendir cuentas, añade el texto. En este punto, los eurodiputados animan al Consejo y los Estados miembros a ampliar la lista de sancionados, para incluir entre otros al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, velando especialmente para evitar que resulte perjudicado el pueblo nicaragüense. El texto fue aprobado con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones

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